Veinticuatro fiscales generales estatales se unieron a una demanda contra la Administración Trump, para intentar derogar una nueva norma que protege el derecho de los trabajadores de la salud a oponerse a realizar abortos o cirugías de “cambio de sexo”.

Estados como Nueva York, California, Massachusetts, Washington, Michigan y Pensilvania se unieron a la demanda presentada el 20 de julio ante el tribunal distrital estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, que busca derogar la norma que protege el derecho de los trabajadores de salud a oponerse a cirugías de “reasignación de género” y abortos. En el caso de los abortos, el proceso siempre es el mismo: primero se legaliza, después se promociona y, tercero, hay que encontrar médicos dispuestos a realizarlo, a terminar con la vida de un feto -que ya es un ser humano, una persona- porque no todos los sanitarios, aunque estén a favor del aborto son capaces de practicarlo. Si no los hay en la región donde se implante el aborto, se traen de otras zonas, y obstáculo sorteado. 

Según publica Aciprensa, el pasado 12 de junio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) promulgó una norma para proteger el derecho de los médicos a oponerse al aborto y a las operaciones de reasignación de sexo, en la que aclara que las prohibiciones por discriminación basada en el sexo no incluyen la identidad de género o el aborto.

El HHS señaló que su última disposición elimina partes de una regulación de 2016 que había expandido inapropiadamente la definición de discriminación sexual.

En el entretanto, varios hospitales católicos estadounidenses se han enfrentado a demandas por negarse a realizar cirugías transgénero. A mediados de junio, el Tribunal Supremo dictaminó en una decisión de seis votos a favor y tres votos en contra que los empleadores no pueden despedir a los trabajadores debido a su orientación sexual o identidad de género autodeterminada.

Otro caso, una persona de Maryland que se identifica como transgénero, está utilizando la decisión del Tribunal en la demanda que presentó contra un hospital católico por negarse a realizar una histerectomía en el útero sano de la persona.

Y a principios de julio, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la exención religiosa y moral emitida legalmente por la Administración Trump de 2017, que exime a las Hermanitas de los Pobres y otras organizaciones que se oponen a cumplir con al mandato anticonceptivo de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).