La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, exige un plan de ajuste a la Junta de Andalucía por un déficit excesivo heredado de ella misma y del conjunto del Gobierno de Susana Díaz, según se desprende del choque soterrado que han mantenido estos días ambas administraciones, informa hoy El Mundo.

Según ha podido reconstruir este medio, el Ministerio de Hacienda comunicó el pasado 27 de septiembre a la Junta de Andalucía -gobernada actualmente por PP y Ciudadanos- que el cierre definitivo de las cuentas de 2018 arroja una sorpresa: la comunidad autónoma no cumplió el objetivo de déficit como se creía, sino que lo rebasó en 151 millones por gastos añadidos a posteriori.

Por tanto, el Ministerio señala al consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, que «debe formular un plan económico financiero que permita en el año en curso y en el siguiente el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto». Le reclama ajustar especialmente la deuda andaluza. Además, Montero le ofrece beneficiarse del remanente extraordinario de final de año de los fondos de financiación autonómica, repartido también a la Comunidad Valenciana y a Murcia, para pasar el trago.

En la carta del Ministerio, se recalca que cuando el Ejecutivo de Susana Díaz traspasó poderes este año al de Juan Manuel Moreno Bonilla, tal desvío no existía. «Esta desviación del déficit de 2018, que se sitúa a esta fecha en el 0,51% se ha producido con posterioridad al mes de abril de 2019», asegura la misiva, según fuentes de la Junta andaluza que cita El Mundo.

Fuentes de la Junta andaluza agregan gastos farmacéuticos que debieron ser contabilizados en 2018 como razones adicionales del incumplimiento final del déficit

El consejero de Hacienda autonómico no niega que ha tenido que incurrir en gastos desde que tomó posesión, pero recalca que son imputables al ejercicio anterior por agujeros que eran conocidos por la propia ministra. Le recuerda en su respuesta del 2 de octubre que ha habido que reclasificar «la operación de concesión del Metro de Sevilla, por importe de 347 millones de euros» y también «su imputación en contabilidad nacional dentro del déficit de 2018». «En este sentido, durante 2019 se han hecho frente a pagos relacionados con litigios asociados a la mencionada concesión que, entiende esta Comunidad, conllevan el reajuste requerido de reducción de la deuda imputada», agrega.

El Metro de Sevilla es un agujero en las cuentas de la Junta desde que en 2011 el consorcio del metro de la capital andaluza, encabezados por las constructoras Sacyr y ACS, denunció a la Junta por impago de sobrecostes en la obra. Ya en 2017 -y siendo Montero consejera de Hacienda- el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó al Gobierno andaluz y Susana Díaz recurrió al Supremo en un intento final de evitar la indemnización. Finalmente, antes de que Díaz dejara el cargo, el Alto Tribunal confirmó la condena. Montero había dejado la consejería meses antes, en julio de 2018 para convertirse en ministra de Hacienda, pero cuando hizo los Presupuestos del ejercicio conocía el riesgo cierto de perder ese litigio, recuerda El Mundo.

Fuentes de la Junta andaluza agregan gastos farmacéuticos que debieron ser contabilizados en 2018 como razones adicionales del incumplimiento final del déficit, añade este medio.