Parece que el Estado también debe renovar su parque automovilístico, pues el 20% tiene más de diez años de antigüedad y la mayoría es diesel. ¿Lo sabrá la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera? Es probable, pues el Gobierno quiere ir sustituyéndolos por vehículos ecológicos, como recoge el Plan de Renovación de la Administración General del Estado 2020-2021.

El Estado tiene en total 30.526 vehículos oficiales en propiedad pública, de los que 5.794 tiene más de 10 años de antigüedad, según la respuesta a una pregunta registrada por Vox en el Congreso que ha recogido Europa Press. A estos se suman otros 2.591 coches en régimen de renting (alquiler a largo plazo por entre uno y cinco años) o leasing (alquiler con opción a compra tras finalizar el contrato, que dura entre dos y seis años). Estas dos modalidades apenas suponen un 8% del total de coches oficiales, mientras que en otras instituciones, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, representan el 32% de la flota, por lo que Vox ha pedido que se impulsen estas fórmulas.

El Estado se comporta de forma similar al resto de los españoles, pues el parque automovilístico español tiene una medida de 12,65 años de antigüedad, según el Informe Anual 2019 de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Una cifra que ha aumentado tras la crisis económica de hace unos años y que subirá con la crisis del coronavirus, según señaló Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, hace unos meses en la presentación del nuevo plan estratégico de la energética, quien insistió en que el problema de las emisiones del diesel tiene que ver con la antigüedad del parque automovilístico. De hecho, añadió que “el diesel en emisiones de CO2 es más eficiente que la gasolina” y que en la apuesta por la descarbonización “no hay motivo para una penalización añadida al diesel” en relación al impuesto que el Gobierno quería introducir, pero que descartó a cambio del apoyo del PNV a los Presupuestos 2021.