- La regla de oro: el BdE puede forzar fusiones entre rurales... cuando van mal.
- Mientras, Economía ha decidido no hacer nada y ha aplazado hasta la próxima legislatura la nueva legislación sobre cajas rurales y cooperativas de crédito.
- En cualquier caso, el grupo Cajamar sigue dando pasos de cara a la ampliación de capital y la salida a bolsa.
La próxima oleada de fusiones bancarias que propugna el
Banco de España consistirá en que las entidades grandes se coman a las medianas. Más que de operaciones financieras, se trata de operaciones políticas. Es decir, su objetivo no será conseguir bancos más rentables, sino reducir la capacidad instalada, esto es, reducir el número de oficinas y de empleados. Y lo harán con el argumento de suprimir las duplicidades que se producen siempre que una entidad se come a otra. Es lógico. No tiene sentido tener dos sucursales del mismo banco juntas o distanciadas por escasos metros.
Precisamente, eso es lo que ha ocurrido con
Cajamar Caja Rural, entidad resultante de la fusión de cajas
rurales de Andalucía (Almería y Málaga en el año 2000), Murcia (Campo de Cartagena en 1989), Madrid (Grumeco en 2000), Castilla y León (Caja Rural del Duero en 2007), Baleares (Caixa Rural de Balears en 2010), Comunidad valenciana (Caja Campo en 2011, Caja Rural Castellón y Ruralcaja en 2012, Caja Rural de Casinos y Crèdit Valencia en 2013) y Canarias (Caja Rural de Canarias en 2013).
Precisamente, en Valencia y Castellón es donde más duplicidades se han producido y donde más afectará
el ERE que ha planteado esta semana la dirección a los sindicatos. En principio, el expediente afectará a 250 trabajadores, el 5% de la plantilla de
Cajamar, aunque todavía queda mucha negociación por delante. De forma paralela, la entidad tiene previsto abrir oficinas en zonas donde su presencia es aún reducida. Hablamos, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, Andalucía occidental, Tenerife, La Rioja o Navarra.
En todo caso, estamos hablando de reducciones de plantilla y de oficinas al modo que propugna el
Banco de España: como consecuencia de movimientos corporativos. Ahora bien, el supervisor puede forzar fusiones entre cajas
rurales, pero sólo si van mal. Es decir, las que van bien no tendrán que fusionarse –si no quieren-, con lo que eso supone.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía ha aplazado hasta la próxima legislatura la nueva normativa sobre las cajas
rurales y las cooperativas de crédito. Recuerden cómo, a principios de 2014, el ministro Luis de Guindos anunció que tenía prácticamente terminado el texto de la reforma, pero un año después decidió guardarlo en el cajón.
No sabemos cómo quedará el futuro mapa de las
rurales en España. Lo que sí sabemos es que el grupo
Cajamar continúa dando pasos de cara a la ampliación de capital de hasta 300 millones de euros, programada para las próximas semanas. El último movimiento,
el acuerdo firmado el 30 de septiembre con Trea Capital. La sociedad entrará en el accionariado de Banco de Crédito Cooperativo (BCC), filial de
Cajamar, con una participación inferior a la que tendrá Generali, el otro socio que en verano acordó invertir 40 millones de euros a cambio del 3,8% del BCC. En todo caso, el acuerdo con Trea Capital aún no está cerrado. De momento, la sociedad que preside Carlos Tusquet se dedicará a gestionar los fondos de inversión que comercializa
Cajamar a través de sus oficinas.
De esta manera, el grupo que preside Juan de la Cruz concluye su puesta a punto para afrontar el próximo ejercicio: los seguros los gestionará Generali, los créditos al consumo, Cetelem, y los fondos, Trea Capital. Por cierto, Cetelem será la única de las tres que no será accionista. ¡Ah! y para ver la salida a bolsa todavía habrá que esperar unos años.
Pablo Ferrer
pablo@hispanidad.com
