Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) dictó el pasado 13 de abril un auto de procesamiento para Begoña Gómez por cuatro delitos y la envía a un juicio ante un jurado popular: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. La acusación particular, ejercida por Hazte Oír, pide 24 años de cárcel para la mujer del presidente. Begoña Gómez también aparece en el rescate de Air Europa por el Gobierno de Pedro Sánchez, en plena pandemia por el Covid (noviembre de 2020), que ascendió a unos 475 millones de euros, rescate en el que también pudieron haberse cometido ilegalidades, sobre todo tras las reuniones del empresario Javier Hidalgo con la propia esposa del presidente del Gobierno. 

Como hemos explicado, la defensa de la mujer del presidente está tratando de retrasar lo más posible este caso, y ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid más tiempo para pedir nuevas diligencias que podrían --en su opinión-- alterar la importancia de los indicios contra su clienta. La última maniobra fue pedirle al juez juez Peinado que paralice la causa hasta que se resuelva su recurso contra el jurado popular. Y le ha pedido a la Audiencia de Madrid que anule el jurado popular si finalmente se celebra juicio, tras acusar al magistrado de investigarla «por ser cónyuge del presidente del Gobierno». 

Según informa hoy la Cadena SER, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha presentado el escrito de defensa en el que pide a la Audiencia Provincial de Madrid la absolución de los cuatro delitos que le imputa el juez Juan Carlos Peinado, ya que "los hechos expuestos no son constitutivos de delito alguno". En ese escrito, Camacho alega: "Esta defensa niega los hechos relatados en los escritos de conclusiones de las acusaciones y propone, en su lugar, el siguiente relato fáctico alternativo". Añade que "las cátedras extraordinarias en las universidades españolas son unidades académicas creadas normalmente mediante convenios con entidades externas —empresas, fundaciones o administraciones públicas—, destinadas a promover la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento en un ámbito específico, sin que formen parte de la estructura ordinaria de cátedras universitarias financiadas con recursos públicos. Constituyen, en definitiva, un instrumento de colaboración público-privada". Recuerda que todas las cónyuges de los presidentes han contado con asistentes "con una disponibilidad de 24 horas 7 días a la semana y jornada en régimen de especial dedicación". 

Claro, lo que no dice Camacho es que las mujeres de los anteriores presidentes del Gobierno no usaron a sus asistentes para hacer negocios privados, que es de lo que le acusa al juez Peinado... 

5.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia-- ha aceptado su instrucción, decretando el secreto del sumario. Sobre Plus Ultra se sospecha que, presuntamente, era un instrumento del régimen chavista para blanqueo de capitales (dinero, oro) y supuestos envíos de drogas y armas… Y Víctor de Aldama ha llegado a revelar que la aerolínea traía "una mercancía especial que él (Zapatero) sabe perfectamente cuál es".

En relación a este caso, El Mundo informa hoy de que administrador de Análisis Relevante, el empresario alicantino amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, no es el principal accionista de la empresa Análisis Relevante, sino su hermano Manuel Martínez.

También en relación a este caso, el mismo medio informa de que uno de los empresarios peruanos investigados por la Audiencia Nacional, Enrique Baca, se ha puesto a disposición del magistrado José Luis Calama para ir a declarar y evitar así su detención. Cabe recordar que, recientemente, su hermano Felipe fue extraditado por orden de Calama y tras declarar, fue puesto en libertad con la orden de no abandonar el espacio Schengen.

Respecto al juez Calama, cabe calificarlo como el ‘juez enterrador’, pues hay recordar que ya ‘enterró’ en su día el caso del Banco Popular -como recogió Hispanidad-, así como el caso del Apagón y el caso de espionaje ‘Pegasus’ a los dispositivos móviles del presidente de Gobierno, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. Por lo que cabe preguntarse qué hará ahora con el caso Plus Ultra…

Por otra parte, The Objective publicó ayer 17 de mayo que Interior ha disuelto la unidad de la UCO que estaba investigando irregularidades en Plus Ultra, tras enviar a la Agencia Española de Seguridad Aérea un informe contra la aerolínea.