La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la jueza María de los Ángeles Núñez Bolaños, instructora del caso de los EREs fraudulentos detectados y denunciados en Andalucía, pidiendo acciones disciplinarias contra la magistrada por la “desatención y retrasos injustificados” en las investigaciones derivadas de esta macrocausa y otras de su competencia, como el 'caso Idea' y el 'caso Avales', que archivó el pasado mes de mayo, informa La Voz de Talavera.

Todos ellos corresponden a sumarios del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en los que son investigados anteriores responsables socialistas de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE hasta las pasadas elecciones autonómicas del 2 de diciembre, entre los que se encuentran los expresidentes del gobierno autonómico andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán, recuerda La Voz de Talavera.

Se da la circunstancia de que la jueza Núñez Bolaños, nacida en Talavera de la Reina hace 52 años y titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla desde 2015, se encuentra actualmente en situación de baja laboral por motivos personales y de salud, que era la misma que tenía su antecesora en el juzgado sevillano, Mercedes Alaya, cuando Núñez Bolaños se hizo cargo de él y del 'caso EREs', principal causa de las que se seguían, señala este mismo medio.

Se considera a la magistrada responsable de una falta “grave o muy grave” por “la desatención y retrasos injustificado en la tramitación y resolución [de estas causas]"

En su denuncia, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que María de los Ángeles Núñez puede haber retrasado de manera intencionada las investigaciones, habiendo archivado numerosas piezas de la macrocausa de los EREs que, excepto la pieza política pendiente de sentencia, engloba otras 200 investigaciones separadas en las que los fiscales ven delito y la juez sólo irregularidades administrativas, ahonda La Voz de Talavera.

En ese sentido, según el comunicado difundido por Fiscalía Anticorrupción en el que resume su denuncia, se considera a la magistrada responsable de una falta “grave o muy grave” por “la desatención y retrasos injustificados en la tramitación y resolución [de estas causas], con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia”.

La Fiscalía Anticorrupción señala que, por este motivo, “está resultando imposible proceder en los términos exigidos por la ley” para lograr el esclarecimiento de los hechos y determinar la responsabilidad de los partícipes, en su mayoría ex altos cargos de la Junta.

Con esta actuación la jueza estaría favoreciendo "que el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos”, según afirma textualmente el ministerio público en su escrito denuncia presentado ante el Consejo General del Poder Judicial.