Antes de que la Ley Celáa se aplique en su totalidad -acaba de entrar en vigor el pasado 19 de enero- la concertada ya atraviesa serias dificultades. 

Por ejemplo, en Cataluña, varios colegios concertados han solicitado a la Generalitat convertirse en públicos ante la asfixia económica en la que se encuentran y que el Covid ha acelerado.

Según informa El Mundo, estos colegios y cuya mayoría son de ideario católico se veían abocados al cierre ante el concierto insuficiente que reciben del gobierno regional, la caída de la natalidad con el menor número de matrículas que implica y debido también a la crisis del Covid, que dificulta a las familias ofrecer una cuota voluntaria.

Para ello, estos centros se van acoger a un decreto autonómico, único hasta el momento en España, que permite el rescate de escuelas en dificultades. Tres colegios se han acogido a este decreto este curso y otros cuatro lo harán el que viene. En total, 2.600 plazas que pasarán de la concertada a la pública. Esto nos recuerda que hay zonas de Madrid con mucha población infantil donde los padres están tan hartos de las pegas que se ponen a la financiación de los colegios concertados o privados de sus hijos que están planteándose matricularlos en masa en centros públicos. Así, pretenden demostrar, por un lado, que esos centros no podrían absorber tal cantidad de estudiantes y que, por otro, la concertada -esa que la ministra Celaá pretende eliminar con la Lomloe- abarata la enseñanza en España y es necesaria para el funcionamiento del sistema. 

Volviendo a la situación en Cataluña, según publica Religión en Libertad, el cambio tiene consecuencias drásticas pues estos colegios deberán renunciar a su ideario por completo... justo ahora que el gobierno socio-podemita repacta su coalición. No podrán tener crucifijos, el director será un funcionario que puede cambiar por completo el proyecto del centro…

Incluso hasta los nombres de los colegios cambian para eliminar cualquier referencia que pueda ser religiosa. El colegio Marillac pasa a denominarse Institut Escola Sicília; el Sagrada Familia se transforma en Institut Escola Londres, y el Sagrat Cor, en Institut Escola Aldana.

Estos tres colegios ubicados en Barcelona se convertirán en públicos a partir del curso que viene. Pertenecen a las Hijas de la Caridad. Son centros pequeños y con más de un 50% de alumnado inmigrante. “Nos hemos convertido en públicos porque el concierto no cubre todos los gastos. En Cataluña se nos permite ofertar una hora más de escolarización que no se concierta y que pagan las familias, pero el Covid ha llevado a muchas de ellas a perder su trabajo y no tenemos otros generadores de recursos adicionales, como pueden ser una piscina o un gimnasio. Los centros pequeños y con vocación de servicio tenemos más dificultades porque no logramos cubrir los gastos de luz, agua, administración...”, cuenta Juan Oñate, representante de la titularidad de estos tres colegios.

Ante esta situación, Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas, denuncia que “la asfixia económica se produce también en Andalucía y Extremadura, donde los módulos del concierto son bajos y no hay costumbre entre las familias de colaborar económicamente con los centros. También en Asturias, Cantabria, Galicia o Castilla y León, donde a la caída de la natalidad se suma una economía limitada de subsistencia con costes mayores de calefacción y mantenimiento de los edificios”.