La rueda de prensa del miércoles 10 de Isabel Celáa para informar sobre las conclusiones de la Conferencia Sectorial del Educación le ha servido a la ministra para intentar normalizar la ley que lleva su nombre.

La señora Celáa ha dedicado su intervención a explicar a los periodistas los siguientes pasos de la Lomloe respecto a Formación Profesional, digitalización de las aulas, formación del profesorado, etc. Además ha vuelto a insistir en cuestiones como, por ejemplo, que los centros educativos siguen siendo un lugar muy seguro para los alumnos en cuanto a contagios por Covid.

Atrás quedarían las polémicas generadas por la nueva ley como la eliminación de la demanda social a la hora de que los padres pudieran solicitar centros concertados para sus hijos, el ataque a la educación concertada -en su mayoría religiosa- o el hecho de que el castellado deje de ser lengua vehicular a la hora de educar a los estudiantes. Y decimos atrás quedarían esos conflictos porque la concertada no se da por vencida en la batalla por la libertad educativa y, recientemente, ha apelado a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo a través de sendas propuestas de Masplurales y Foro de la Familia. Ambas organizaciones piden apoyo a Europa para que la Ley Celáa deje de de vulneran derechos fundamentales de los padres recogidos en la Constitución y resumidos en uno principal que hasta la portavoz comunitaria de Educación, Sonya Gospodinova le recordó a Celáa con una 'sonora' bofetada dialéctica: «la Comisión sostiene que los padres deben tener la posibilidad de asegurarse de que la educación que se les da a los niños corresponde a sus convicciones religiosas y a sus visiones filosóficas y educativas» tal como se recoge en el artículo 14.3 de la carta europea de Derechos Fundamentales.