- Regiones como Cataluña, Extremadura, Murcia, Baleares, Navarra, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias o Madrid las tienen.
- La ley madrileña llega incluso a prohibir terapias o ayudas para quien, en uso de su libertad, quiera dejar de ser homosexual.
- En Navarra se obliga a que en los colegios se tenga que hablar del colectivo LGTBI, y en Cataluña, el denunciado debe demostrar su inocencia.
- En el País Vasco la transexualización es gratuita, como en Murcia, que impone la ideología de género en todos los colegios, también privados y concertados.
- Galicia faculta a la sanidad pública para pagar las operaciones de cambio de sexo y en la Comunidad Valenciana, los menores podrán hacerlo sin el permiso paterno.
- Baleares establece que "los materiales escolares y educativos deberán tener en cuenta la diversidad en relación a la orientación sexual y la identidad de género".
- Más: en Andalucía, niños con faldas si ellos quieren; en Canarias, ideología de género en las aulas y en Extremadura los cambios de sexo se sufragan con impuestos.
Como contamos ayer, ha comenzado el curso escolar del homosexualismo y la ideología de género en España.
Y es que en distintas regiones españolas, con Madrid a la cabeza, se ha puesto a los pequeños en manos de 'formadores' del
lobby homosexual LGTBI, imponiendo por medio de leyes el
adoctrinamiento de la ideología de género a los niños y… a los padres,
tal y como han denunciado los obispos madrileños de Getafe y Alcalá utilizando su derecho a la
libertad de expresión, de opinión y de información.
Regiones como
Cataluña, Extremadura, Murcia, Baleares, Navarra, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias o la ya citada Madrid tienen este tipo de leyes.
Javier Lozano en Actuall.com ha hecho un buen resumen de las leyes de esas CCAA -que recogemos aquí- y de hasta qué punto pueden cercenar los derechos fundamentales de millones españoles, padres que no quieren que la 'administración' eduque sexualmente a sus hijos.
Navarra fue pionera en España. Fue la primera región que aprobó este tipo de leyes -
Ley Foral de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales- y lo hizo en 2009 con la oposición de UPN y con la participación directa del propio
lobby LGTBI. En materia sanitaria es el menor y no el médico el que decide qué tipo de tratamiento quiere en su proceso de transexualización y en materia educativa también obliga a que en los colegios se tenga que hablar de este colectivo.
Aprobada en 2012, el
País Vasco fue la segunda comunidad autónoma en aprobar una ley de estas características. La ley -
Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales- establece la gratuidad de todos los procesos de transexualización y en el ámbito educativo establece la inclusión en los currículos materiales "para la comprensión de la identidad de género".
En 2014 el
Parlamento catalán aprobaba la '
Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersesuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia', una normativa en la que se han inspirado posteriormente otras comunidades autónomas. Una de las principales novedades era la introducción de la "inversión de la carga de la prueba". Es decir, el supuestamente "discriminado" no debe probar que lo ha sido sino que el denunciado es el que debe demostrar su inocencia.
Y todo ello unido a numerosas sanciones económicas a aquel que no piense igual que los miembros de este lobby. A todo ello había que sumar uno de los grandes objetivos de este tipo de leyes, imponer los postulados
LGTB a los niños y para ello se utilizan los colegios, donde los pequeños deben aprender por los principios de la ideología de género.
La
Comunidad de Madrid, regida por la popular
Cristina Cifuentes, se ha situado en la vanguardia en cuanto a la promoción del lobby LGTBI gracias a no una sino dos leyes aprobadas en la Asamblea de Madrid. La primera -
Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid- , más centrada en la transexualidad, prevé programas para la transexualización de menores mediante "inhibidores hormonales".
Además, los colegios están obligados a aceptar que los menores puedan elegir el uniforme que prefieran y que sean llamados tal y como deseen.
Esta ley tuvo además graves deficiencias pues en ningún momento se consultó a ningún experto médico pero sí se escuchó al lobby LGTBI.
La segunda ley madrileña -
Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid- ha sido recientemente aprobada y es la ley de "no discriminación" que discrimina al 98% de la población. A grandes rasgos,
esta ley destruye la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos pues impone a los centros ya sean públicos, concertados o privados, los postulados LGTBI.
Por otro lado, acaba con la presunción de inocencia aplicando como en otras comunidades "la inversión de la carga de la prueba" siendo el acusado el que deba demostrar que no es culpable. Y por último
prohíbe que la gente pueda ser heterosexual. Pese a defender la diversidad sexual no permite que haya ni terapias ni ayudas para dejar de ser homosexual.
Similar a las leyes madrileñas en cuanto a su extremismo es la aprobada por unanimidad en
Murcia este mes de mayo:
Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Además de aprobar que sea la administración la que pague los cambios de sexo impone la ideología de género en todos los centros educativos, también privados y concertados.
Desde Infantil se enseñará la diversidad afectivo sexual "eliminando los estereotipos de normalidad basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida". Pero para que los niños sean debidamente adoctrinados, las autoridades vigilarán los contenidos impartidos en los colegios para detectar cualquier detalle que no agrade al colectivo
LGTBI.
Igualmente radical es la nueva ley de
Baleares -
Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia- aprobada también el pasado mes de mayo. Incluye la inversión de la carga de la prueba y multas de 90.000 para los que "discriminen". Por otro lado, los niños son de nuevo el objetivo prioritario y en materia educativa aparece que "los materiales escolares y educativos deberán tener en cuenta la diversidad en relación a la
orientación sexual y la identidad de género".
La
Comunidad Valenciana está ya muy cerca de tener su propia ley pues ha aprobado ya el anteproyecto -
La ley de transexualidad de Valencia permitirá a los menores cambiar de sexo sin el permiso paterno- de ley que también le colocaría a la cabeza en este tipo de normativas. El proyecto prevé que los menores puedan cambiar de sexo sin el permiso paterno.
Pero además realiza un ataque frontal al derecho de los padres a educar a sus hijos. Prevé importantes multas a quien se enfrente a los postulados
LGTBI pero también retirará el concierto a los colegios concertados que no incluyan en los currículos contenidos sobre identidad de género.
Aprobada también en 2014 por el
Parlamento gallego con votos de PP, PSOE y BNG, la norma -
Ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia- hace su particular definición de familia con "matrimonios del mismo o distinto sexo". Además, faculta a la sanidad pública para pagar las operaciones de cambio de sexo y obliga a incluir en los distintos currículos contenidos de educación "afectiva y sexual" marcada por la ideología de género. Al menos
esta ley no incluye sanciones como la catalana ni introduce la "inversión de la carga de la prueba".
La
ley andaluza que fue aprobada por unanimidad en 2014 da mucha importancia al ámbito educativo y promueve la transexualización de los menores. Respecto a los colegios, el texto afirma que si un niño decide que desde ese momento es niña se "
debe respetar su imagen física, la elección de su indumentaria y uso de instalaciones del centro conforme a su género elegido".
Además, en el colegio le deberán llamar con el nombre que el transexual quiera, "en especial en aquella (documentación) de exposición pública como listado de alumnado, calificaciones académicas…". Algo similar ocurre en el ámbito sanitario donde se prioriza igualmente la atención gratuita para la transexualización de adultos y también de menores.
Esta es la ley de Andalucía:
Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de la Comunidad de Andalucía.
La ley aprobada por el
gobierno canario también en 2014 -
Ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de la Comunidad Autónoma de Canarias- sigue la estela de la de Andalucía y afirma, entre otras muchas disposiciones, que la administración autonómica "asegurará que los métodos, currículos y recursos educativos sirvan para aumentar la comprensión y el respeto a la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género, incluyendo las necesidades particulares del alumnado".
Igualmente, pueden ser llamados en los colegios como deseen y elegir las instalaciones "conforme a la identidad de género sentida por la persona". La normativa también obliga a sufragar los procesos de transexualización, incluidos los menores de edad.
Aprobada por unanimidad por los diputados
extremeños en 2015, su ley -
Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por homofobia y transfobia en la Comunidad Autónoma de Extremadura- destaca la introducción en los planes de educación del contenido LGTB así como otra serie de "campañas informativas en el ámbito educativo".
La normativa incluye sanciones de hasta 45.000 euros a quien "discrimine" a este colectivo. Los extremeños sufragan mediante impuestos los cambios de sexo, entre otras medidas. Además, la ley también privilegia a este colectivo dando "visibilidad" a las fiestas del
Orgullo Gay, fiesta de los palomos, y la conmemoración de la despatologización de la homosexualidad.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
