• El consistorio sacó adelante el proyecto con los votos del PSOE y Podemos.
  • Obliga a unas inversiones de 234 millones en un municipio con 107 millones de deuda.
  • Que el agua sea un bien público no lo duda nadie pero eso no obliga a una gestión pública.
  • Y ese problema plantea otro: la ruptura de una concesión privada sin contraprestaciones.
  • Podemos ha llevado un mensaje falso a la opinión pública, apoyado esta vez por un alcalde sanchista.
El Ayuntamiento de Valladolid sigue adelante con su proyecto de remunicipalizar el agua, al margen del coste que suponga y no precisamente para un consistorio con las arcas llenas (tiene una deuda de 107 millones). La decisión de recuperar la gestión pública del agua, que esconde básicamente un debate ideológico, fue tomada en uno de los últimos plenos de 2016, pero supondrá una inversión de 234 millones de euros. Según el calendario previsto, el ciclo del agua pasará en su totalidad a manos públicas en julio. A partir de ese mes, pasará a ser gestionada por una empresa pública, y no por Aguas de Valladolid, que tenía la concesión. Se rompe así una fórmula  que ha durado 20 años, cuando se privatizó la gestión. La medida salió adelante con el apoyo del PSOE -al que pertenece su alcalde, el sanchista Óscar Puente- y los partidos próximos a Podemos. Votaron en contra el PP, que gobernó previamente la ciudad, y Ciudadanos. El primer impacto de la medida, paradójicamente, será una subida de la tarifas del agua del 1%. Valladolid recoge así el guante lanzado a escala nacional por Podemos, con  una razón tan disfrazada como que el agua es un bien público, algo que nadie pone en duda. Pero que sea pública no obliga necesariamente a la gestión pública, lo cual es lo más parecido a mezclar churras con merinas. De hecho, la gestión privada, entre otras cosas, se presta a un ahorro en costes, sin comprometer por ello la calidad de esa prestación. En el caso de Valladolid, corre en paralelo también otro debate, no menor, sobre la caducidad de una concesión, como se ha puesto de manifiesto en otras ciudades con fuerte presencia de la izquierda radical (Barcelona, Madrid y Valencia). Se supone que la cancelaciones llegan, para no considerarlas expropiaciones, con razones fundadas porque el plazo termina, y eso no se puede decidir unilateralmente. O bien, por otros motivos, justificados, como puede ser la calidad deficiente en el servicio. Lo contrario tiene más pinta de arbitrariedad que de seguridad. En la misma derivada, Sí se Puede -la fórmula de Podemos en Valladolid- pretende ir más lejos todavía y ampliar la fórmula y remunicipalizar más servicios, como la limpieza o el mantenimiento de los parques y jardines que, no sólo en Valladolid sino en otra ciudades, se deciden por concurso y también con un pliego de razones como el coste y la calidad que se ofrecen. Andrés Velázquez andres@hispanidad.com