- La alcaldesa de Barcelona pretende recuperar la municipalización del agua.
- El problema es que el asunto podría salir por más de 600 millones de euros la Ayuntamiento.
- En paralelo, continúa el conflicto de Suez-Agbar con la Generalitat por ATLL, concedido a Acciona… y desautorizado por los tribunales.
- Todo el modelo concesional de redes e infraestructuras está en revisión con la irrupción de Podemos.
Ángel Simón es mucho más que un concesionario de aguas de Barcelona: es el hombre que lleva el 50% del negocio y el 60% del beneficio de
Suez Environnement, uno de los líderes del sector de infraestructuras en Europa, que integró Aguas de Barcelona (
AGBAR).
Por eso tiene su aquel que días atrás, durante un acto en el cinturón metropolitano de
Barcelona arremetiera contra las instituciones. Un poco contra la
Generalitat nacionalista pero también contra el
Ayuntamiento de Podemos.
Contra la Generalitat arrastra el viejo conflicto de
ATLL, la gran potabilizadora catalana, otorgada por el Gobierno de Artur Mas a
Acciona, no a Agbar, concurso que los tribunales han echado abajo mientras CiU se llama a andanas y Acciona sigue ejerciendo como gestor.
Ahora bien la segunda, Agbar, surte de agua a tres millones de barceloneses, en lo que es su negocio más típico, pero miren por dónde a doña
Ada Colau no le gustan las concesiones y
pretende municipalizar o estatizar el agua. La verdad es que no hablamos de concesiones, no de titularidad, pero dejemos eso. El caso es que Ada Colau le quiere quitar el contrato a Agbar.
Y entonces es cuando el privado Suez-Agbar dice que le parece estupendo, mientras se guarden los plazos y los acuerdos y mientras se paguen las correspondientes indemnizaciones.
Por que claro, el afán ideológico pro lo público de doña Ada Colau y demás compañeros revolucionarios olvida el pequeño detalle de que hay que indemnizar al expropiado y hay que invertir lo que el expropiado invierte para dar un buen servicio. Total, que la broma de la municipalización del podría salirle al Ayuntamiento por
más de 600 millones de euros. Es lo que tiene que algunos quieran hacer la revolución, sólo que gratis. Y claro así no vale.
En cualquier caso, lo cierto es que la irrupción de Podemos ha puesto sobre el tapete todo el modelo de infraestructuras (concesional) vigente desde hace más de medio siglo. Y aquí no hablamos sólo de Barcelona ni sólo del agua: hablamos de cualquier infraestructura, especialmente, de agua, gas, energía y comunicaciones. ¿Se imaginan que pasaría si cambiamos de modelo?
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com
