El próximo CIS de Tezanos agitará el debate de la reforma constitucional

La firmeza con la que Sánchez defendió su compromiso con la Monarquía Parlamentaria y la actual Carta Magna contrasta, sin embargo, con la decisión del Centro de Investigaciones Sociológicas de volver a incluir a la Corona en el cuestionario de uno de sus barómetros, en concreto, el que se realizará y publicará el próximo mes de septiembre. Aunque, posiblemente, se termine realizando de una forma indirecta. En concreto, desde la institución presidida por el dirigente socialista José Félix Tezanos aclararon ayer que se preguntará a los encuestados en torno a una posible reforma constitucional. Un debate, el de una eventual modificación de la Carta Magna, que en el momento actual, con los efectos de la decisión de Don Juan Carlos aún presentes en el tablero político, se vería íntimamente relacionado con las demandas que desde Podemos y otros grupos de izquierdas e independentistas han aireado en relación con el cuestionamiento que hacen del actual modelo de Estado. Lo que aún está por concretar es si, al margen de las preguntas sobre la reforma constitucional, el CIS incluirá algún apartado o una cuestión específica sobre la Monarquía, la salida del Rey Emérito de España o la forma en la que estas circunstancias afectan a la labor de Felipe VI en la Jefatura del Estado. (La Razón)

Unidas Podemos está dispuesta a convertir su personal cruzada contra la monarquía parlamentaria en su principal rasgo para marcar su perfil propio frente al Partido Socialista. La formación morada prepara una batería de iniciativas parlamentarias de cara al próximo mes de septiembre, en la línea de las que ya se han ido presentando a lo largo de los diez últimos años en sendas Cámaras los grupos de la izquierda más radical y las formaciones independentistas. En un momento en el que la Institución vive horas bajas tras la salida del rey Emérito del país, el socio de gobierno ve oportuno contribuir a la crispación, en medio de una crisis económica sin precedentes como consecuencia de la pandemia, y «abrir el candado al régimen de 1978», como dijo Pablo Iglesias en su primer discurso como secretario general de Podemos en 2015. (La Razón)

El recorrido del jet que trasladó a Don Juan Carlos marcó París-Abu Dabi como ruta, aunque el Global 6500 salió de París el domingo a mediodía e hizo noche en el aeropuerto de Vigo desde donde emprendió vuelo con al menos cinco pasajeros, entre ellos la persona de máxima confianza del emérito y cuatro escoltas. Los 6.038 kilómetros que separan Vigo de Abu Dabi se realizaron en 7 horas y 13 minutos. El jet aterrizó en el aeropuerto AZI (Aeropuerto Ejecutivo Al Bateen) cuyo uso es exclusivamente para vuelos privados que llegan a la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Desde allí cogieron un helicóptero con el que se desplazaron hasta el Hotel Emirates Palace, uno de los más caros del mundo y propiedad del gobierno emiratí, que cuenta con 850.000 metros cuadrados de extensión y una playa privada. (ABC)

¿Hasta dónde llegaron las advertencias confidenciales sobre el coronavirus que recibía Pedro Sánchez desde finales de enero? El PP se queja de que el Ejecutivo no le deja acceder a las notas diarias que emitió el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) desde el inicio de la pandemia hasta el final del estado de alarma, porque sólo podría hacerlo un diputado, un día y con un compromiso de confidencialidad. Pero fuentes de La Moncloa revelan a EL MUNDO que «los nueve diputados que lo pidieron podrán acceder a todas las notas todo el tiempo que necesiten». «Si son necesarios siete días, pues siete días». (El Mundo)

Isabel Celaá: "La educación concertada no corre ningún peligro". (El Economista)

Alcaldes de fuerzas tan dispares como el Partido Popular, el PNV o ERC se han puesto de acuerdo para rechazar en bloque el compromiso sellado entre el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) para desbloquear el uso de los superávit que acumulan en sus cajas algunos de los Gobiernos locales. «Es una revolución de los alcaldes en toda regla y lo que nos aúna es el no al decreto». Entre sus exigencias, además del rechazo al decreto, está que se vuelva a la posición original de la Femp y que inicialmente fue también defendida por el propio Caballero: un fondo de 5.000 millones que no esté ligado a la entrega del remanente, similar al que se les ha concedido a las comunidades autónomas y cuyo reparto podría hacerse en función del número de habitantes de la población. Y además, que los ayuntamientos que presenten superávit puedan hacer uso del mismo. (El Mundo)

El PSOE presentaba una deuda que ascendió hasta los 69,9 millones de euros, muy superior a la verificada por el Tribunal de Cuentas entre los otros tres principales partidos en aquella época. Por ejemplo el PP, que gobernaba, asumió 36,2 millones de euros de deuda con entidades de crédito al cierre del ejercicio 2016, como se puede comprobar en el examen de auditoría contable publicado por el órgano fiscalizador. Por detrás aparecen Ciudadanos y Podemos, dos partidos con una corta trayectoria política en el momento en el que se revisaron estas cuentas y que, por ende, presentan unos guarismos mucho más modestos, tanto en las deudas contraídas como en el resto de apartados del balance. (ABC)

Tras una prueba caligráfica, la Policía Científica analiza si la etarra Zaldua es la autora de un documento atribuido al "comando Basajaun" de ETA, al que se achaca el atentado. (La Razón)

La decisión de tirar dos vagones de tren descarrilados al río Sil en Sobradelo (Orense) el pasado domingo ha llegado hasta Madrid y ha supuesto un auténtico choque frontal entre dos ministerios: el de Transición Ecológica y el de Transportes. La Confederación Hidrográfica, desde el primer momento, rechazó tal maniobra al considerar que «no era viable desde el punto de vista ambiental». Por tanto, se desoyó la orden cuando, ya por la tarde, se empujaron los vagones por la ladera hasta que uno cayó al agua del Sil. «Estaban completamente avisados», recalca una fuente del Ministerio de Transición Ecológica a EL MUNDO. (El Mundo)

El Gobierno dejará sin funcionar el llamado escudo social, por el que se prohibía cortar en plena pandemia la luz, el agua o el gas a colectivos vulnerables. Lo mismo ocurrirá con la prórroga del bono social. (El Economista)

España pasará de haber sido en 2019 segundo destino del mundo que más turistas recibe y más ingresa por ello, con siete récords consecutivos en número llegadas, a perder nada menos que 54,3 millones de turistas este año. Según un informe de la consultora Simon-Kucher & Partners elaborado para EXPANSIÓN, en 2020 visitarán España 29,4 millones de turistas internacionales, muy lejos de los 83,7 millones recibidos el año pasado. Cataluña, Baleares y Andalucía serán las comunidades que más noten la pérdida de turistas. Entre las tres, suman más de la mitad de viajeros perdidos: 30 millones de personas menos que hace un año. Por malo que parezca, el dato podría ser todavía peor si, por ejemplo, se produce un nuevo pico de contagios en otoño. (Expansión)

La OCDE revela el desacierto del «escudo social» aprobado por el Gobierno. El PIB per cápita real francés cae más (-6%) que en España (-5,39%), pero los ingresos disponibles por habitante aguantan (-0,31%) mientras los de los españoles se desploman un 3,3%. (La Razón)

El cierre del primer semestre del año empieza a dar pistas sobre el impacto del descalabro económico por el coronavirus en las arcas públicas. La recaudación tributaria, principal fuente de ingresos de las administraciones, acumula una caída del 18%, lo que supone volver a niveles que no se veían desde el 2016. Cuando el Gobierno comunicó a Bruselas que este año esperaban recaudar un 5% menos a causa de la pandemia, organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya advirtieron de que el golpe sería mucho más duro, de al menos un 8,7%. Y, por supuesto, acabaría contribuyendo a generar un déficit muy abultado, al ir aparejado a un fuerte aumento del gasto sanitario, social y de apoyo al tejido empresarial. Ahora que el Ejecutivo trabaja en las cuentas para el 2021, se enfrentan al difícil equilibrio entre intentar recaudar más y no dañar la recuperación. (La Vanguardia)

La mujer más rica de España, Sandra Ortega, engordó el pasado año su inmobiliaria Ferrado con dos compras de edificios en el exterior, concretamente en Alemania y Austria. La hija de Amancio Ortega, fundador de Inditex, desembolsó más de 115 millones por esas dos propiedades, unas adquisiciones para las que en parte utilizó créditos bancarios, según se recoge en las cuentas de 2019 presentadas en el Registro Mercantil. (Cinco Días)

La caída del consumo y la incertidumbre económica a causa de la crisis del coronavirus han provocado un gran crecimiento del dinero que los españoles tienen guardado en depósitos y en cuentas corrientes. Los incrementos han sido de más del 7% en los casos de CaixaBank y BBVA, mientras que Bankinter ha crecido un 5,7%. Santander es la entidad que lidera este mercado en España, con 248.053 millones, seguida de CaixaBank. (Expansión)

Dia multiplica casi por seis el gasto en su cúpula directiva, a 13,7 millones en el primer semestre, tras la incorporación de nuevos ejecutivos y el pago de indemnizaciones. (El Economista)

Respalda el despido de una trabajadora embarazada porque sólo informó de ello a la empresa en la demanda judicial, con posterioridad al acto previo de conciliación laboral. (Expansión)

Varios son los puntos de fricción que mantienen empresarios y sindicatos sobre el futuro anteproyecto de la Ley de Trabajo a Distancia. Uno de los principales es la consideración de a partir de qué porcentaje del horario se entiende por “trabajo a distancia regular”. El borrador que maneja el Gobierno establece “un mínimo del 20% de la jornada”, el equivalente a un día a la semana, para que ya se considere que un empleado “teletrabaja” y, por tanto, le sea aplicada la nueva normativa. Estas fuentes apuntan que para la CEOE es poco y quieren que se eleve al menos al 30% o dos días. En estos casos, supondría que las empresas estarían obligadas a compensar los gastos y dotar de equipos informáticos a sus trabajadores o incurrir en otros costes como analizar las condiciones de seguridad del sitio donde trabajan. (El Economista)