(Exclusivas de la prensa de papel 25/09/2020) Las familias numerosas, contra Iglesias, que plantea que la renta y no el número de hijos sea el requisito para obtener el título

La FEFN considera que plantear el tema de la renta como requisito para reconocer esta aportación social de los que más hijos tienen «supone ir en contra del principio de justicia social que creemos que es básico para cualquier sociedad. Igual que se protege a los jóvenes con ciertos beneficios, se protege a los hogares donde hay más hijos, porque tienen un valor fundamental en sí mismos, porque son los ciudadanos del futuro», explica el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo. En este sentido, destaca que «la protección de las familias numerosas es una medida social, que nada tiene que ver con la política asistencial. El reconocimiento y apoyo a las familias que tienen más hijos no puede confundirse con medidas orientadas a ayudar a las que tienen menores recursos o están en situación de vulnerabilidad por determinadas circunstancias, porque eso supone perder todo el sentido del concepto de numerosa», apunta el presidente. (ABC)

"Lo que sí resulta obvio es que tales cuidados son costosísimos y que con una generalización de la eutanasia las Administraciones Públicas ahorrarían una importante cantidad de recursos. Desgraciadamente, ya se ha visto cómo en esta crisis sanitaria los sacrificados han sido nuestros ancianos, y más en concreto aquellos que estaban en residencias. ¿Es este el mismo modelo que está implícito en el proyecto de ley que impulsa la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno? Me gustaría estar seguro de que no es así, pero mucho me temo a que todo apunta en esa dirección". (La Razón)

Pero el presidente del Gobierno tiene claro el relato que quiere ofrecer a la sociedad: ha intentado pactar con todos y finalmente lo ha hecho con quienes han querido. Aunque Pablo Iglesias presiona para ceñir la negociación al bloque de la investidura, en La Moncloa la instrucción es clara: no van a ser ellos quienes cierren ninguna puerta. Y eso explica incluso que en los últimos días la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, haya insistido en solicitar la abstención del PP. Una opción que el Gobierno no contempla realmente pero que refuerza su relato. «Llegado el momento ya veremos quienes quieren hablar y negociar de verdad», expresan desde el círculo de confianza del presidente del Gobierno. (ABC)

Mientras Bildu explora por primera vez las dependencias palaciegas del Gobierno de España, ofreciéndose como nuevo socio presupuestario, el PNV afila su viejo colmillo negociador y exprime en privado a Pedro Sánchez. El equipo de Iñigo Urkullu confía en poder arrancar al Ministerio de Hacienda un mayor margen de endeudamiento para los ayuntamientos y diputaciones vascas en la reunión de la Comisión Mixta del Concierto prevista para el miércoles 30. Una negociación que los nacionalistas vascos, como siempre, manejan con total discreción y que usarán esta vez para dar una lección a Bildu de cómo se reparte el juego en la capital. (ABC)

Idoia Mendia (Bilbao, 1965) celebra por todo lo alto que EH Bildu, la coalición liderada por Arnaldo Otegi, se convierta en uno de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista con EL MUNDO, la líder de los socialistas vascos, amenazada por los radicales que militan en la izquierda abertzale, rechaza los argumentos utilizados el pasado sábado por su compañero y líder de los jóvenes socialistas vascos Víctor Trimiño que, delante de ella, rechazó «blanquear» a EH Bildu a través de la negociación política para que facilite la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. «EH Bildu es un partido legal y representa a miles de ciudadanos», sostiene la líder del Partido Socialista de Euskadi, que se estrena ahora como vicelehendakari de un Gobierno de coalición junto al PNV de Iñigo Urkullu. Mendia defiende, además, que los casi 200 presos de ETA que se encuentran encarcelados sean acercados a prisiones próximas a Euskadi para que con su «cercanía a la realidad» lleven a cabo un proceso de «reinserción social verdadera». (El Mundo)

La polémica creada por la decisión del Gobierno de no refrendar la presencia del Rey hoy en Barcelona para la entrega de despachos a la nueva promociones de jueces ha provocado que el foco de atención vuelva a centrarse en las relaciones entre la Jefatura del Estado y la Presidencia del Gobierno. Antes había despachos semanales pero con Pedro Sánchez se ha producido un cambio significativo: de ser una cita razonablemente fija en la que había excepciones, se ha pasado a una situación en la que la excepción es precisamente que haya un desplazamiento físico del presidente hasta Zarzuela. (La Razón)

La Abogacía del Estado ha dictaminado que el riesgo de contagio por coronavirus no basta para eximir a los padres de llevar a sus hijos al colegio. Pero al mismo tiempo abre la puerta a que los alumnos puedan no asistir a clase al considerar como «una causa de justificación del absentismo» que el niño conviva «con personas mayores o con patologías previas». En un informe de 24 páginas realizado a petición del Ministerio de Educación, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la Abogacía parte de que la escolarización sigue siendo obligatoria. «La actual situación de pandemia no ampara, per se, la conducta de los padres que decidan que sus hijos no asistan a clase por temor al contagio», expresa, alineándose así con las instrucciones dadas por la Fiscalía de Menores el pasado día 3 ante el movimiento de padres que, en plenos rebrotes de Covid, se están negando a llevar a sus hijos a la escuela. El informe enviado a Educación dice que a la obligación se contrapone el derecho a la vida. (El Mundo)

El estudio desprende un pesimismo generalizado que se extiende a casi todos los sectores. La crítica principal se la lleva el Gobierno de la Nación. Obtiene la peor valoración desde el principio de la pandemia, en el mes de marzo. «¿Cómo calificaría la actuación para afrontar la crisis de el Gobierno de España?», se pregunta en la encuesta. En junio, cuando se levantó el estado de alarma, el 34,2 por ciento de los españoles respondía que esa gestión había sido «buena». Ahora, sin embargo, solo es el 22,2 por ciento el que aprueba al Ejecutivo. En ningún momento de la crisis sanitaria había alcanzado un pico tan bajo, ni siquiera en marzo o abril, cuando la pandemia golpeó al país con especial dureza. El 34,7 por ciento de los encuestados ven «regular» la gestión del Gobierno y el 41 por ciento la tachan de «mala». (ABC)

Alarmada por el avance de la pandemia, la Comisión Europea llamó ayer a los Estados a tomar medidas “de forma inmediata y a tiempo en cuanto vean los primeros signos de rebrotes”, porque “podría ser la última oportunidad para evitar una situación como la de marzo”, cuando se impusieron confinamientos. La comisaria de Salud, Stella Kyriakides, advirtió en particular a los países, como España, donde suben los positivos, casos graves y muertes. En este sentido, un estudio de un grupo de investigadores publicado en The Lancet señala a España, así como al Reino Unido, por haber precipitado la desescalada en verano sin disponer de “un sistema efectivo de búsqueda, testeo, rastreo, asilamiento y apoyo antes de aliviar las restricciones”. (El País) (El Mundo)

Ildefonso Hernández: «No se puede decidir a salto de mata, como ha pasado con el Covid». Ex director general de Salud Pública entre 2008 y 2011, defiende la necesidad de una evaluación externa e independiente de la gestión de la crisis del coronavirus. El objetivo no es criminalizar ni buscar culpables, subraya, sino aprender de lo sucedido para afrontar mejor tanto ésta como futuras pandemia. (El Mundo)

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha señalado en un informe una “correlación objetiva, subjetiva y temporal” entre la adjudicación de proyectos por entidades públicas a la empresa Degremont y los supuestos pagos efectuados al PP que figuran en los papeles de Luis Bárcenas. Esa línea de investigación se había descartado hace un lustro por falta de pruebas y abre ahora la puerta a un presunto delito de cohecho. (El País)

Los fondos europeos se incluirán en el Presupuesto y se gestionarán a partir de ahí en convocatorias, subvenciones, convenios o líneas específicas de los ministerios competentes. Se licitarán y estarán abiertos a un proceso de concurrencia competitiva. Pero el dinero puede tardar en llegar. Así que el Gobierno se está planteando incluirlo de todas formas en el presupuesto de inversiones de 2021 para adelantarlo y empezar a ejecutar cuanto antes, impulsando la recuperación del año que viene. La cifra que baraja el Ejecutivo de fondos europeos no reembolsables ronda los 20.000 millones. Aun así, fuentes del Gobierno reconocen que esa cantidad podría no llegar toda a tiempo. Y en ese caso se traduciría en un mayor déficit público a final de año. (El País)

Reyes Maroto: "El plan de recuperación estará listo el 30 de octubre". (El Economista)

Gentiloni: "Las ayudas de Bruselas no llegarán a España hasta la primavera de 2021". (El Economista)

Hacienda obligará a los no residentes que tuvieron que confinarse en España por el coronavirus a contar todo este tiempo como hábil en el cómputo de 183 días para la residencia fiscal de este año, con lo que buena parte de ellos deberá tributar en España. Así lo ha establecido en una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (DGT) a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, en la que el Fisco, en contra del criterio de la OCDE y de lo que vienen haciendo los países de nuestro entorno, ha decidido aprovechar la pandemia para obligar a los no residentes a tributar en España. (Expansión)

La negociación de los ERTE está al límite a tan solo una semana para que venza su vigencia. Fuentes de la negociación aseguran que los agentes sociales han decidido levantarse de la mesa y que no volverán a ella hasta que el Gobierno acepte prorrogarlos para todos los sectores. La tensión es máxima: «No vamos a ser partícipes de conducir a España al precipicio», ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA. «Ya está bien de marear la perdiz», remarcan. (ABC) (La Razón)

Será una sangría silenciosa en el empleo. Unos 320.000 autónomos, el 10% del total, podrían cerrar el negocio entre octubre y las fiestas de Navidad tras las pérdidas acumuladas desde el inicio de la pandemia y la virulencia de la segunda ola. Y otros 500.000 preparan ajustes de plantilla, obligados por el desplome de la facturación y ante la falta de liquidez para hacer frente a la situación. «Estamos a las puertas de un gran proceso de ERE silenciosos», dice Lorenzo Amor, presidente de la mayor asociación de autónomos. (El Mundo)

El ex repartidor que ha conseguido una sentencia que amenaza el modelo laboral de las plataformas digitales repasa este largo trayecto por los tribunales y analiza el fallo del TS: «El tema aún está muy vivo y no creo que la empresa vaya a contratar pronto a los ‘riders’». (El Mundo)

Vodafone se lanza a por el grupo MásMóvil. Los primeros contactos entre ambas compañías se han producido en los últimos días, a través de intermediarios financieros, según ha podido saber elEconomista. En las conversaciones tentativas se ha dejado claro la receptividad del operador rojo para sondear una posible adquisición. “El terreno de juego está abierto, todo es posible en estos momentos y, a priori, no se puede descartar nada”, explican fuentes muy cercanas a las compañías implicadas. De prosperar este movimiento en ciernes, el tercer mayor operador de telecomunicaciones de España absorbería al cuarto y daría un vuelco al actual mercado. De esa forma, Vodafone sería rey del móvil en España, recuperaría el segundo puesto del sector, en detrimento de Orange, y se convertiría en la alternativa a Telefónica. (El Economista)

Sus ingresos retroceden un 11% en 2019, aunque su beneficio sube casi un 3%. La compañía pierde más de cinco puntos de cuota en móviles. (Cinco Días)

Chris Hohn, fundador de The Children’s Investment Fund (TCI), uno de los grandes fondos de inversión en Reino Unido, conocido por su activismo en las empresas en las que participa, sigue escalando posiciones en Ferrovial. El inversor ha comunicado una participación del 5,044% en el capital del grupo, frente al porcentaje del 3,96% que declaraba hasta ahora. Precisamente este porcentaje es el que alcanzó en junio. Hohn aterrizó en Ferrovial el pasado año con una participación del 3%. Su participación se materializa de forma directa e indirecta, y en parte a través de TCI, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). (Expansión)

Greenalia ha iniciado los trámites para el desarrollo de cuatro proyectos de energía eólica marina flotante en Canarias, que se sumarán al proyecto que ya está en tramitación desde principios de este año. Greenalia ha iniciado los trámites para el desarrollo de cuatro proyectos de energía eólica marina flotante en Canarias, que se sumarán al proyecto de 50 MW que ya está en tramitación desde principios de este año. A precios de mercado, estos cinco proyectos en desarrollo pueden suponer una inversión del orden de 625 millones de euros. (El Economista)

Los divorcios entre bancos y aseguradoras son un goteo constante desde que, en 2009, estallara la crisis de las cajas de ahorro. Cuando CaixaBank termine la integración de Bankia, comenzará la cuenta atrás para liquidar el acuerdo de bancaseguros que la entidad presidida por José Ignacio Gorigolzarri tiene ahora con Mapfre. Estas alianzas se basan en la venta en exclusiva de los seguros en la red del banco y “el cambio de control de cualquiera de los socios suele dar derecho a la terminación anticipada” del acuerdo, afirma Joaquín Ruiz Echauri, socio de Pérez Llorca. (Expansión)

La banca alerta del parón en la obra pública por el tope a la rentabilidad. Los bancos, fondos de inversión y promotores de infraestructuras llevan meses advirtiendo al Gobierno de que si no cambia la ley de desindexación de la economía, España no podrá recurrir a la colaboración del sector privado para financiar los proyectos de infraestructuras que se encuentran encima de la mesa. “Ni BBVA ni Santander ni los grandes fondos de inversión van a apoyar proyectos con el límite legal de la ley a la rentabilidad en contratos a largo plazo, y el Gobierno lo sabe”, señala el primer ejecutivo de unos de los mayores grupos de infraestructuras español. (Expansión)

La banca retribuirá al accionista más allá del 4% en 2021 y del 7% en 2022. (El Economista)

No alcanza el récord de 2008, pero se ve favorecida por la falta de retorno de los bonos y una Bolsa inestable. El Covid dificulta la captura, salvo para los grandes como Blackstone o Brookfield. (Cinco Días)

El Ministerio de Cultura ha detectado numerosas irregularidades en Seda, la Sociedad Española de Derechos de Autor, la nueva entidad que competirá con la SGAE. Aunque el ministro José Manuel Rodríguez Uribe le concedió autorización el pasado 31 de agosto para operar, un informe previo del propio Ministerio alertaba que los estatutos de la firma vulneran varios artículos de la Ley de Propiedad Intelectual, poniendo en duda su modelo de negocio y su viabilidad. (El Economista)

EXPANSIÓN celebró ayer la entrega de los Premios Jurídicos, a la que asistió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que confía en que “superaremos la zozobra política, económica y sanitaria que vivimos en la actualidad”. (Expansión)

El objetivo de Junts es que los republicanos no aprovechen para reforzar la figura de Pere Aragonès como presidente en funciones. (La Vanguardia)

El Barça, el Athletic y el Betis tratan de devolver la ilusión por el deporte a unos jugadores cuyo sueño de triunfar en España se convirtió en una pesadilla de explotación. (El Periódico)