(Exclusivas de la prensa de papel 23/09/2020) La ministra Ribera dirigió el fallido plan de Isofotón subvencionado con 8,3 millones por el Gobierno andaluz

La actual vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez, dirigió para Isofotón la implantación del proyecto estratégico de la fábrica de placas solares con Samsung que la Junta de Andalucía financió con un préstamo irregular de 8.395.845 euros en agosto de 2012. La Junta de Andalucía denunció en 2013 por estafa a la fábrica de placas solares porque el contrato con Samsung se incumplió, pero Isofotón nunca devolvió el dinero. (ABC)

Profunda desazón y malestar en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el veto del Gobierno a Felipe VI para presidir el acto de entrega de despachos de la LXIX promoción de jueces en Barcelona. Zarzuela remitió este martes una carta a Lesmes donde aseguró que Felipe VI no acudiría a la entrega de despachos porque el Gobierno no había autorizado su asistencia a dicho acto oficial. (El Mundo) (La Razón)

El Gobierno vuelve a mover ficha en la agencia Efe. Si en febrero de este año el Ejecutivo decidía cesar como presidente a Fernando Garea, ahora ha situado a Enrique Cervera como director gerente. Se trata de una persona completamente afín al PSOE, sobre todo a su federación andaluza, y que ha sido asesor de Manuel Chaves y de Susana Díaz. El nombramiento fue comunicado el lunes a los trabajadores y causó cierto asombro en miembros del Gobierno, debido a la manifiesta afinidad del nuevo gerente con el partido socialista. (El Mundo)

La Comisión Europea tiene previsto presentar hoy una propuesta de pacto migratorio que trata de desbloquear un debate encallado desde 2016. El documento propone blindar las fronteras de la UE y acelerar los retornos de inmigrantes irregulares, según fuentes comunitarias. Bruselas también pedirá a los Veintisiete que acepten un nuevo sistema de solidaridad que evite las cuotas obligatorias. Pero se reserva la posibilidad de decidir repartos entre países en casos de emergencia o riesgo de presión migratoria. (El País)

En el runrún político se escucha hablar cada vez más de la necesidad de que algunas comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza, den importantes pasos hacia atrás y regresen a una especie de Fase 1 ante el coronavirus, pero flexibilizada. A diferencia de marzo, esta vez hay consenso en que la prioridad debe ser salvar los colegios, por ejemplo, además de que se mantenga, en la medida de lo posible, la actividad laboral, pero con generales restricciones a la movilidad. Un confinamiento de Madrid como el de primavera ahogaría a España económicamente. (La Razón)

Cataluña limitará las reuniones a un máximo de seis personas. (La Vanguardia)

La Comisión Europea lo ha dicho delante de las cámaras y en las conversaciones privadas con los Gobiernos; lo ha subrayado por boca de sus comisarios y ahora también por carta. Los Estados miembros tienen que mantener el próximo año los estímulos presupuestarios para superar la recesión causada por el Covid-19. En una misiva enviada a los 27 Ministerios de Finanzas de la Unión, el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario Paolo Gentiloni señalan que “las políticas fiscales de los Estados miembros deberían continuar apoyando la recuperación a lo largo de 2021”. Es el mismo mensaje que salió del encuentro de los ministros de Finanzas este mes. (El Economista)

El Gobierno ya asume que no podrá cumplir su objetivo de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en «tiempo y forma» como era su vocación hace unos meses. En el Gabinete trabajan con intensidad en el contenido de las cuentas públicas que, si tradicionalmente ya son concebidas como de suma importancia para un Ejecutivo, en las circunstancias actuales lo son más. Los nuevos Presupuestos no solo son decisivos para el interés general, en la medida que servirán para vehicular los fondos que provienen desde Bruselas, como inyección económica para paliar el impacto del coronavirus, sino que, en clave de interés partidista para los miembros del Gobierno, serán también el salvoconducto que les permita sobrevivir en Moncloa hasta agotar la legislatura. (La Razón)

Estar inscrito como demandante de empleo ya no será un requisito indispensable para poder recibir el ingreso mínimo vital desde este martes, al menos a priori. Así se incluye en el real decreto de regulación del teletrabajo en el que se han incorporado algunas medidas para facilitar el trámite de solicitud y resolución de los expedientes recibidos para recibir el ingreso mínimo. Pasa de este modo a tratarse de un requisito “a posteriori”, de modo que será obligatorio una vez se haya pedido la ayuda y se esté percibiendo, en función de la condición del solicitante. Siendo la idea general que si el solicitante está en condición de empleabilidad, se apunte a demandante de empleo después de solicitarlo. De modo que la búsqueda activa de empleo pasa a ser como un requisito de mantenimiento de la ayuda. No un requisito previo obligatorio, pero sí una vez se está percibiendo la prestación en función de la situación del beneficiario. (El Economista)

El Gobierno se plantea adaptar y ampliar todo lo posible los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a las empresas en los casos de rebrotes del virus, como los que están ocurriendo en la Comunidad de Madrid. Ya es de hecho una segunda oleada de la epidemia tras la que tuvo lugar en primavera. En muchos barrios y zonas de la Comunidad de Madrid, y en otras partes de España, las autoridades autonómicas han tenido que ordenar medidas de confinamiento selectivo. Medidas que han impedido renacer a muchas empresas que habían retomado la actividad tras el estado de alarma. Incluso, muchas empresas se han hundido definitivamente. (Expansión)

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank y del futuro banco, aseguró en ese foro que la posibilidad de realizar una ampliación de capital no estuvo nunca encima de la mesa porque no era necesaria y calificó la situación de capital del banco de “muy confortable”, según fuentes participantes en la jornada. Gortázar enfatizó que el colchón de capital sobre el requerimiento del BCE es de 310 puntos básicos. “Muchos bancos europeos operan por debajo”, señaló. (Expansión)

La cúpula de Sabadell repitió ayer ante banqueros y analistas de la City el mensaje que ya dio en julio: Todas las opciones están abiertas, incluida la integración con un competidor. “Consideraremos cualquier opción estratégica que pueda crear valor para los accionistas. Hay también oportunidades para crear ese valor en solitario”, señaló Jaume Guardiola, consejero delegado, según fuentes participantes en el foro organizado por Bank of America. La entidad ha contratado al banco de inversión Goldman Sachs para que le ayude a decidir cuál son sus mejores opciones. El abanico va desde la integración en un banco más grande, hasta la venta de activos (la última desinversión acordada por el banco ha sido la de su depositaría) o la compra de un competidor más pequeño. (Expansión)

El grupo español CLH, que gestiona los grandes oleoductos en España, ha alcanzado un acuerdo con la empresa internacional Inter Pipeline para adquirir las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos líquidos de su filial Inter Terminals en Reino Unido, Irlanda, Alemania y Países Bajos. Aunque los activos se distribuyen por varios países, el grueso del negocio, y desde donde se articula la integración posterior es en Reino Unido, lo cual es una clara apuesta de la empresa española por este mercado a pesar del Brexit, el proceso de separación de la UE por parte de ese país. (Expansión)

Cellnex, el líder europeo en infraestructuras de telecomunicaciones móviles, ultima la compra de Metrocall, la sociedad controlada por la firma tecnológica Indra que explota, en régimen de exclusiva, los servicios de conectividad de telecomunicaciones de Metro de Madrid, según han confirmado a EXPANSIÓN fuentes del mercado. Fuentes de Indra y de Cellnex declinaron comentar esta información. Metrocall presta servicios a los tres grandes operadores del sector: Movistar, Orange y Vodafone. (Expansión)

Alcoa da por muerta la opción de compra de su planta de San Ciprián a Liberty (GFG). La compañía estadounidense considera que ya no será posible alcanzar un acuerdo en el plazo previsto, ya que las posiciones no se han acercado en las últimas semanas. “Dadas las demoras y las demandas no razonables de GFG, no es realista pensar que se pueda firmar un acuerdo de venta antes del 27 de septiembre, conforme a lo acordado entre Alcoa y los representantes de los trabajadores”, afirma Álvaro Dorado, presidente de Alcoa. (El Economista)

Se acoge a la normativa europea, pero empresas y Gobierno sostienen que no se pueden recortar por el déficit. (Cinco Días)

Blanc Bloc utilizó en verano polígonos industriales para entrenar y aprender de las algaradas de Barcelona posteriores a la sentencia del «procés». Tras fracasar el 11-S por falta de movilización en la calle, tienen ya la vista en la inhabilitación de Torra. (ABC)