(Exclusivas de la prensa de papel 08/09/2020) Sánchez quería dar dos vocales en el CGPJ a Podemos en plena ofensiva de Iglesias contra los jueces y la Monarquía

Hubo contactos. Y negociaciones. Se avanzó en la posibilidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero esas conversaciones no fructificaron. ¿Por qué? Porque el PP decidió darles carpetazo para exigir que Unidas Podemos quedara fuera, tras las críticas de Pablo Iglesias a los jueces y a la Monarquía. El partido de Pablo Iglesias iba a conseguir dos de las 20 vocalías en el órgano de gobierno del Poder Judicial. En una entrevista concedida ayer a TVE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que alcanzó un acuerdo con el PP a lo largo del mes de agosto para renovar las instituciones pendientes (no sólo el CGPJ, sino, también, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de RTVE) y que Casado se comprometió «prácticamente al 99%», para después romper «inexplicablemente» la baraja. Pero el PP lo niega rotundamente: «Sólo dimos el ok a negociar», apuntan a este diario fuentes del entorno de Casado. «Es muy grave, e insólito, que un presidente del Gobierno filtre conversaciones privadas con el líder de la oposición» para «presionarle», afean. Los populares argumentan que su negativa a pactar la renovación del CGPJ se debió a que Unidas Podemos intensificó «sus críticas al Poder Judicial y a la Monarquía, y pedía un Gobierno con Bildu en el País Vasco y un pacto presupuestario con ERC a cambio de la mesa de autodeterminación de Cataluña». (El Mundo) (La Razón)

El nuevo CGPJ nombrará al 40% del Supremo. En la actualidad, en el tintero se encuentran la elección de tres de las cinco presidencias del Sala del Alto Tribunal –la de lo Contencioso, Social y Militar– o la designación de tres magistrados en la Sala de lo Penal, el órgano que decide si investiga a aforados como son, por ejemplo, Pablo Iglesias o el Rey Juan Carlos I. En definitiva, no se le escapa a Moncloa ni al PP que el nuevo CGPJ tiene que elegir «en torno al 40 por ciento» de magistrados del Supremo en los próximos cinco años. (El Mundo)

En esta lógica se entiende que se reactive –en una llamada entre Sánchez y Torra– la «mesa de diálogo» entre el Estado y la Generalitat tras meses de retraso y se recupere el compromiso de revisar a la baja los delitos de sedición y rebelión en una futura reforma del Código Penal. Ambas iniciativas quedaron relegadas en un cajón tras el zarpazo de la pandemia de la Covid-19, pero la idoneidad de rescatarlos precisamente ahora –aunque sea a través de pronunciamientos públicos– en puertas de la negociación presupuestaria no es baladí. Sin embargo, este doble juego puede acabar por tensionar sobremanera la relación encauzada con Ciudadanos, que no ve con buenos ojos la reunión de la «mesa de diálogo» ni que se rebajen los tipos penales que afectan a los líderes del «procés». (La Razón)

El maná de fondos europeos estará más vigilado que nunca. Ayer se puso en marcha la Fiscalía europea, un nuevo organismo comunitario que tiene como objetivo investigar, procesar e incluso lleva a juicio a los autores de los delitos vinculados a la gestión del dinero europeo. Esto incluye los fondos provenientes del presupuesto comunitario, pero también el nuevo instrumento de reconstrucción, bautizado como Next Generation EU, para paliar los estragos del coronavirus y la recaudación de las operaciones transfronterizas del IVA. (La Razón)

Baleares ha transportado toneladas de residuos infectados por coronavirus a Cataluña para su destrucción vulnerando todos los protocolos sanitarios. La Guardia Civil ha acreditado el envío durante los últimos meses de camiones repletos de desechos sanitarios generados por el contacto con el virus a Tarragona sin la preceptiva refrigeración y esterilización, en cajas de cartón sin sellar y sin clasificar, repletas de bolsas sin precinto, poniendo de esta forma «gravemente en riesgo la salud de terceras personas». (El Mundo)

Henrique Capriles, quien lidera a un sector de la oposición venezolana crítico con Juan Guaidó, se abre a participar en las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre. En una entrevista con EL PAÍS, avisa a la UE de que su papel es clave. “Europa tiene una oportunidad histórica para ayudar a que este país recupere la democracia”, afirma. Si lo hacemos mal, podemos pasar del autoritarismo al totalitarismo”. “No creo que una implosión vaya a provocar que la oposición gobierne”. “Si Maduro sigue con el control interno, hay que cambiar de estrategia”. (El País)

El Gobierno presentará hoy una ambiciosa agenda legislativa que incluirá los retoques en la reforma laboral de Mariano Rajoy que pactaron el PSOE y Podemos. Después de meses de tira y afloja, se prevén medidas como primar los convenios de sector sobre los de empresa, recuperar la prórroga automática cuando expiren y mayor control sobre la subcontratación y los descuelgues. Todo ello queda supeditado al diálogo social. A pesar de la crisis que generó el pacto con Bildu en mayo, y las tensiones entre la vicepresidenta Nadia Calviño y sectores del PSOE y de Unidas Podemos, la reforma laboral sigue en la agenda del Ejecutivo. Al menos las partes más urgentes, que estaban en el programa de Gobierno de coalición. Después de meses de tira y afloja, las cuestiones más urgentes —prórroga automática de los convenios, supresión de la prioridad de los de empresa, subcontratación y descuelgues— estarán hoy en un amplio documento que aprobará el Consejo de Ministros con una agenda legislativa ambiciosa que detallará después Carmen Calvo. (El País)

El Gobierno cede y frena, por ahora, el alza fiscal en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF a rentas altas que pactaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Según fuentes cercanas a la negociación de los nuevos Presupuestos, el Ejecutivo está dispuesto a paralizar esta subida impositiva tras las consecuencias económicas generadas por la pandemia del coronavirus Covid-19. El Gobierno quiere así asegurar unos Presupuestos para el siguiente ejercicio. (El Economista)

En 2005, la pensión media de jubilación era de 681,58 euros mensuales, una cantidad que el pasado mes de agosto se había disparado hasta los 1.164 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones. Pero mientras que esta pensión se ha disparado el 70,8% en los últimos quince años, los precios no han avanzado de tal manera ni de lejos. Según la información recopilada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el mismo periodo de tiempo, el IPC se ha incrementado un 26,9%, con lo que el poder adquisitivo de estas pensiones ha aumentado en 43,9 puntos porcentuales. (La Razón)

Nuevas irregularidades en la Cámara de Comercio de España en China ante el intento de empresas del país asiático de hacerse con el control de la institución. China ha abierto ya una investigación. (El Economista)

El ajuste, señalan fuentes conocedoras de lo que se está discutiendo en estos días, será gradual empezando por el cierre de oficinas y afectando sobre todo a los empleados de la red comercial, mientras que las personas de los servicios centrales (en todo caso menos numerosas) verán cómo los ajustes se llevan a cabo con posterioridad. Habrá algunas áreas de negocio, como todo lo referente a la actividad de aseguradoras y de ahorro a largo plazo que desarrolla desde hace tiempo CaixaBank, que no deberían verse afectadas, ya que Bankia apenas tiene infraestructura. VidaCaixa cuenta con cerca de 600 empleados. (Expansión)

La fusión permitirá acabar con los límites de sueldo de Bankia. (Cinco Días)

El Banco de España ha informado de que no ha puesto objeciones a la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones presentada por el consorcio Lorca Telecom Bidcom sobre MásMóvil. Según el hecho relevante promovido por el grupo participado en partes iguales por los fondos Providence, Cinven y KKR, el supervisor del sistema bancario español concede su particular visto bueno a la operación. (El Economista)

El negocio de gestión de aguas está valorado en algo menos de 700 millones de euros. (Cinco Días)

La venta de viviendas retrocede un 33%, el alquiler se abarata en las grandes ciudades y el comercio registra una caída del 33%. (El Economista)