(Exclusivas de la prensa de papel 03/12/2021) Los ministros socialistas se movilizaron para aguar las advertencias de Yolanda Díaz sobre el Covid antes del 8-M

Si no los ha borrado, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá los mensajes que recibió e intercambió en aquellos 4 y 5 de marzo de 2020. La movilización de los ministros del PSOE fue intensa para aguar lo que acababa de publicar por su cuenta y riesgo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Se llamaba Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus y generaba la alarma que justo querían evitar, entre otros, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Justo ese día, el Gobierno italiano había decretado el cierre de todos los colegios del país y, 48 horas antes, cierres o restricciones en amplios sectores económicos en regiones del peso económico de Lombardía. Ni Calviño ni buena parte de los ministros del PSOE querían dar pasos similares que pusieran en jaque a una economía como la española que se encontraba en desaceleración. «Yolanda, al menos no la llames guía», pidió la propia Calviño a la ministra de Trabajo, según fuentes conocedoras, para rebajar en lo posible la importancia del documento de Díaz. Calviño y la ministra de Industria, Reyes Maroto, fueron algunos de los que recibieron las quejas del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que no daba crédito a lo que había hecho la titular de Trabajo en abierta incoherencia con las llamadas a la calma del de Sanidad, Salvador Illa. Éste declaraba que España estaba aún «en fase de contención», mientras que Díaz abría la puerta ya a paralizaciones de actividad. La alarma empresarial fue trasladada al presidente y su entonces jefe de gabinete, Iván Redondo, que optaron finalmente por un comunicado de desautorización al día siguiente. Señaló que «las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas a tomar en España están coordinadas por el Ministerio de Sanidad». Y recordó que Illa se basaba «en un seguimiento constante de la situación, transparencia informativa y toma de decisiones de acuerdo a la evidencia científica». (El Mundo)

El Gobierno ve un «error» que Yolanda Díaz utilice el 8-M para darse «autobombo». (ABC)

La médico más joven que se llevó la pandemia: "Mi hija está muerta porque el Gobierno no informó ni protegió a los sanitarios". Sara Bravo López falleció en plena primera ola tras contagiarse con 28 años en un centro de salud de Cuenca. Tras el último homenaje, su madre abre las puertas de su domicilio a la prensa por primera vez para hablar de su ausencia. "Es imposible encontrar consuelo, pero siento orgullo", confiesa. (El Mundo)

El Gobierno ultima la segunda entrega del plan de digitalización empresarial financiado con fondos de la UE, que constará de un cheque de 3.000 euros destinado a los autónomos individuales y aquellas pymes con menos de diez trabajadores. La ayuda estará disponible, según ha podido saber elEconomista, a partir del próximo año, y se suma a la primera fase de este plan, dotado de un total de 3.067 millones de euros. La primera fase contará con un total de 500 millones de euros y será destinada a las empresas que tengan entre 10 y 49 trabajadores, de modo que el segundo paquete estará dotado con fondos por valor de 2.500 millones. El segundo tramo de ayudas irá a parar a los negocios pequeños. (El Economista)

Más de 30.000 autónomos desamparados por el subsidio para mayores de 52 años. La única protección de estos trabajadores es la ayuda por cese de actividad, ya que no pueden ser beneficiarios de ningún subsidio al no ser capaces de cumplir todos los requisitos. (La Razón)

Los precios van a terminar el año con una subida promedio del 3% respecto a 2020, y pese a que el Gobierno y los bancos centrales defienden que la inflación irá desinflándose el próximo año, lo cierto es que en 2022 la subida de los precios en la media del año será superior a la de 2021, según avisan ya distintos organismos y casas de análisis. A falta de que el INE confirme que el IPC fue en noviembre del 5,6% y de que publique el dato de diciembre, todo apunta que los precios terminarán el año con una subida del 3% de media en este ejercicio. Sólo hace falta que en diciembre el IPC se mantenga en el 5% o por encima, tal y como prevén distintos servicios de estudios como Funcas, para que la medida del año se sitúe en el 3%. (El Mundo)

El sindicato CSIF ha denunciado que el sector sanitario ha prescindido ya de 58.536 profesionales sanitarios en los últimos tres meses –casi 9.000 empleos el mes pasado–, en vísperas de la sexta ola del coronavirus y de las nueva necesidades de vacunación. Estos datos constan en la estadística de afiliación a la Seguridad Social y se suman a la destrucción de empleo de los meses anteriores: 13.311 en septiembre, 36.252 en octubre y los citados 8.973 de noviembre. El sindicato mayoritario en la Administración Pública ha vuelto a denunciar que la tasa de temporalidad se sitúa en el 31,6%, diez puntos por encima del sector privado. «La Sanidad afronta esta situación en precario y con déficit de personal y no nos podemos permitir prescindir de ningún empleo», reiteraron. (La Razón)

En esa travesía pandémica que está recorriendo el empleo, Madrid vuelve a sacar músculo y se erige como la región española que más ocupados ha creado en España con políticas liberales como herramientas propias de impulso de la actividad. Desde 2014 la capital mantiene una política fiscal de bajos impuestos, ha exprimido la autonomía fiscal que tiene, junto a todas las comunidades de régimen común, por lo que pueden subir o bajar impuestos como Patrimonio o Sucesiones al nivel que deseen. El manejo de esta competencia es lo que ha distinguido a la autonomía de otras regiones, ha permitido a los ciudadanos pagar menos impuestos. (ABC)

De no modificarse en el trámite parlamentario que ahora comienza, el Proyecto de Ley General Audiovisual aprobado esta semana por el consejo de ministros condena a las televisiones en abierto a competir en inferioridad de condiciones con gigantes digitales de dimensión internacional, en un mercado que es global y único, y en el que no caben distinciones regulatorias. De forma incomprensible, el Gobierno ha ido más allá de lo que la trasposición de la Directiva exigía al incluir normas propias, no contempladas en Europa, que solo aplicarán a los operadores nacionales, perjudicándoles gravemente al situarles en una clara desventaja competitiva. (La Razón)

Diego Ávalos, vicepresidente de Netflix en España y Portugal, afirma en una entrevista que su compromiso con la producción nacional es “firme” y elude la polémica sobre las cuotas del 6% en lenguas cooficiales de la ley audiovisual. “Nos interesa el talento en cualquier idioma. Lo importante es la historia que se quiere contar”, dice.
Pregunta. ¿Por qué ha decidido Netflix apostar tan fuerte por la producción en España?
Respuesta. En España vemos un talento increíble. Además, el país es un puente entre uno de los idiomas que más se habla en el mundo y la cultura europea. Aquí se deshace un océano entre dos continentes. Y también hemos visto un enorme atractivo en el contenido español. Más del 50% de nuestros suscriptores han visto una película española en el último año. Estamos hablando de más de 100 millones de hogares. (El País)

Pablo Isla tendrá derecho a una indemnización equivalente a dos retribuciones fijas tras su marcha de Inditex el próximo 31 de marzo. Tanto el hasta ahora presidente como la persona que ha ocupado el cargo de consejero delegado, Carlos Crespo, que continúa en la empresa, tienen derecho a percibir una indemnización bruta por importe equivalente a dos anualidades, calculada sobre sus respectivas retribuciones fijas establecidas para el año en curso en los supuestos en que sus contratos se extingan por voluntad unilateral de la sociedad o por dimisión del presidente ejecutivo o del consejero delegado. Puesto que Isla, tal y como Inditex reconoce en el hecho relevante remitido a la CNMV el pasado 30 de noviembre, presentó su “renuncia” tiene derecho al cobro de una indemnización de 3,25 millones de euros, su retribución fija en los dos últimos años, lo que eleva el importe total hasta 6,5 millones de euros. No obstante, podrá cobrar también una pensión acumulada de 9,05 millones de euros. Isla renunció hace seis años a que se realizaran nuevas aportaciones, pero tiene aún pendiente esa cantidad según se refleja en la documentación de la compañía. (El Economista)

Marta Ortega y García Maceiras harán el nuevo plan inversor de Inditex. Marta Ortega, como presidenta, y Óscar García Maceiras, como consejero delegado, se enfrentan en 2022 al fin de un ciclo en Inditex. La firma textil lanzó en 2012, un año después de la llegada de Pablo Isla a la presidencia, un ambicioso plan de integración de sus tiendas físicas y sus canales digitales que ha marcado toda la estrategia de la empresa durante la última década y que ha estado impulsado por unas inversiones de más de 12.000 millones de euros. (Expansión)

Iberdrola y Mapfre están agitando al sector energético en España. La alianza que sellaron hace nueve meses para crear una sociedad gestora de renovables va mucho más rápido de lo que inicialmente se preveía, lo que ha hecho que ambos grupos redoblen sus ambiciones, provocando otros movimientos corporativos en el sector por parte de rivales. Fuentes del mercado indican que para enero está previsto que el acuerdo entre Iberdrola y Mapfre alcance el primer gran hito, con 500 megavatios (MW) de instalaciones operativas. (Expansión)

Real Madrid, FC Barcelona y Athletic de Bilbao han lanzado una ofensiva para dar entrada en LaLiga a un socio alternativo a CVC. Los tres clubes de fútbol han remitido al resto de equipos una carta con una contraoferta y en la que aseguran que ofrece mejores condiciones de financiación que el fondo británico, que el pasado mes de agosto se comprometió a abonar 2.000 millones por hacerse con el 10% del negocio durante los próximos 50 años. Según las fuentes consultadas por este diario, la intención de Real Madrid, Barcelona y Athletic es que los otros 39 clubes que forman parte de LaLiga rechacen la oferta de CVC en la decisiva asamblea que tendrá lugar la próxima semana (el viernes 10 de diciembre) en la que los presidentes de los equipos de primera y segunda división realizarán la votación definitiva para dar luz verde a la operación. (Cinco Días)

Naturgy ha comenzado a denunciar los contratos de compra de gas natural que mantiene con las grandes empresas industriales para poder trasladarles el fuerte incremento de precios que se está registrando en el mercado. La compañía confía en que “esta revisión sea coyuntural y recuerda que siempre que las condiciones lo han permitido, la voluntad de Naturgy ha sido y es proporcionar visibilidad y certeza de precio a nuestros clientes”. Naturgy ha dado de plazo hasta mediados de diciembre para iniciar las renegociaciones de los nuevos contratos de suministro con las compañías. (El Economista)

Bankinter apuesta en firme por su banca privada con los “ambiciosos” objetivos de aumentar un 40% el beneficio antes de impuestos generado por la división en los próximos tres años, crecer para entonces al mismo ritmo en créditos concedidos a clientes y disparar un 20% los activos bajo gestión. El director de esta división, Joaquín Calvo-Sotelo, aseguró ayer que aspiran a “ser la referencia de la banca privada en España”, sin ocultar su convicción de que Bankinter será capaz de desbancar a la tercera entidad en el ranking. “La segunda -posición- nos queda más lejos, pero vamos a luchar por ella”, agregó al ser cuestionado en rueda de prensa por sus ambiciones. (El Economista)

La cotización de Afterpay descendió ayer más del 6% en la Bolsa australiana tras comunicar un aplazamiento de la junta de accionistas que debe aprobar su integración en Square, la plataforma tecnológica financiera estadounidense liderada por Jack Dorsey, el fundador de Twitter. El motivo del retraso de la operación, que es la mayor compra de la historia en Australia al estar valorada en 29.000 millones de dólares (25.660 millones de euros) está en Australia, sino en Madrid. Según Afterpay, todas las autorizaciones regulatorias a las que está condicionada la operación han sido obtenidas, excepto la del Banco de España. (Expansión)

Llega la última oportunidad del año para entrar al Ibex 35. El comité que decide qué cotizadas forman parte del principal índice de la bolsa española se reúne por última vez este año el próximo jueves, 9 de diciembre, y son varias las empresas que están muy pendientes de la decisión. Primero, porque este grupo de expertos suele reservar los posibles cambios para la cita de diciembre, junto con la de junio, y no tanto para las de marzo y septiembre. Y segundo, porque en esta ocasión, con las cifras sobre la mesa, el debate está servido; hay varias firmas con opciones de entrar al índice mientras otras corren el riesgo de ser excluidas. (El Economista)

El volumen de préstamos dudosos (NPLs) en España se situó en el segundo trimestre de este año en su valor más alto desde 2019, al alcanzar los 83.100 millones de euros, lo que supone un incremento del 20% respecto a las cifras de cierre de 2020, según los datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Con estos números, España se posiciona como el país que cuenta con la segunda mayor cartera de préstamos dudosos de toda Europa al acaparar el 19% del total de la morosidad del Viejo Continente, solo por detrás de Francia. (El Economista)

La Justicia europea dio ayer el primer paso para permitir que Bruselas castigue a Hungría y Polonia por no respetar el Estado de derecho. El abogado general del Tribunal de Justicia, el español Campos Sánchez-Bordona, desestimó los recursos de Varsovia y Budapest contra el mecanismo de Estado de Derecho aprobado en diciembre de 2020, al considerar que fue adoptado sobre una base jurídica adecuada, es compatible con el artículo 7 TUE y respeta el principio de seguridad jurídica. (El Mundo)

Estos Presupuestos tienen un componente político clave porque permiten a Ayuso retomar con fuerza su campaña como alternativa a las políticas «sanchistas», desde la gestión y con todos los instrumentos que ofrece un Gobierno autonómico como el de Madrid. Además, las cuentas están elaboradas sobre la base de una clave determinante, que son un anticipo de las cuentas que presentaría Pablo Casado de estar él en el Gobierno. De partida, el equipo de Ayuso está en condiciones de sacar pecho por contar con la bendición de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que acredita por escrito que el proyecto enviado a la Asamblea de Madrid «cumple satisfactoriamente con los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros de la Unión Europea». (La Razón)

El Juzgado Penal numero 2 de Barcelona ha condenado a tres años y nueve meses de prisión a Abel M.C., que pertenece a la izquierda independentista, por empujar por las escaleras del metro a un hombre que llevaba una bandera española. Ocurrió el 10 de noviembre de 2018 cuando la víctima, Antonio S.F. volvía hacia su casa tras participar en una manifestación de la asociación policial Jusapol en el centro de la ciudad reclamando la equiparación salarial con otros cuerpos de seguridad. El juzgado lo condena por un delito de lesiones con el agravante de discriminación ideológica. La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, señala que el acusado defienda «postulados independentistas de corte anarquista» y siente «animadversión hacia quienes, por identificarse a través de símbolos, como escudo y bandera con el sentimiento de pertenecer a la nación española y por participar en lo que consideran un acto de exaltación de tales sentimientos, anudan un pensamiento político antinacionalista y colocan en posiciones antagónicas al movimiento independentista catalán». (El Mundo)

La Generalitat de Cataluña alecciona a los nuevos profesores: "Tienen que ser modelo de lengua catalana". El Govern exige a los directores y a las universidades que adoctrinen a los nuevos docentes en la inmersión. (El Mundo)