La Sareb ha admitido, por primera vez, que no será capaz de devolver el cien por cien de la deuda emitida por la compañía cuando se constituyó, allá en 2012. Recuerden: 98.211 activos valorados en 50.781 millones de euros. Ocho años después, el número de activos asciende a 201.423 unidades, como consecuencia del proceso de transformación (promoción de suelos, viviendas...), y, lo que es más significativo, la deuda se ha reducido únicamente un 37,9%, hasta los 31.510 millones de euros.

Amortizar el 62,1% restante en siete años no se puede y, además, es imposible. Lo admite el propio banco malo: “La actualización del Plan de Negocio de Sareb para el periodo 2020-2027 -aprobada por el Consejo de Administración- muestra la imposibilidad de generar flujos de caja suficientes a lo largo del periodo para amortizar íntegramente la deuda emitida por la compañía”, afirma en el Informe de Actividad 2020.

Pero vamos a ver: ¿alguien pensaba de verdad que el banco malo iba a devolver los 50.781 millones de euros? Está bien que lo admita ocho años después, pero suena un poco a choteo. La Sareb ha sido un desastre desde el primer día, como parte del rescate bancario, que nunca debió darse, y como sociedad encargada de gestionar y dar salida a los préstamos y activos tóxicos de las entidades rescatadas. Fue una manera encubierta -el 55% estaba en manos de entidades privadas- para que la deuda no auemntará el déficit público. Al final, lo pagamos los contribuyentes pero las cuentas del Estado parecen más risueñas.

Francisco González (BBVA) fue el único que no quiso participar en la fiesta y entonces le aplaudimos por ello. Ahora, los que quedan, buscan con el Gobierno la mejor manera de abandonar el barco. Hablamos del Santander (22,2%), Caixabank (12,2%) y Sabadell (6,6%), principalmente.

¿Alargar la existencia de la Sareb más allá de 2027? Probablemente sea la única solución, aunque la más cara, otra vez, para el contribuyente

Las conversaciones de los bancos con Moncloa se han intensificado desde que Eurostat dictaminó que la deuda de 35.000 millones debe computar como déficit del Estado aunque el Frob tenga el 45% de la sociedad. Un golpe duro e inesperado al Gobierno de Pedro Sánchez, que busca dinero hasta debajo de las piedras.

Tenemos, pues, un banco malo con una deuda superior a 30.000 millones de euros, que computa como déficit público y que debe desaparecer en 2027, plazo imposible de cumplir. ¿Alargar su existencia? Probablemente sea la única solución, aunque la más cara, otra vez, para el contribuyente.

Porque el nuevo Plan Estratégico contempla seguir la estrategia trazada estos años pasados y que consiste en la venta de activos al menudeo. Nada de vender a fondos buitre que compran grandes paquetes a precio de derribo, como hizo Belén Romana durante los tres años que estuvo al frente de la Sareb (2012-2015). El cambio de Jaime Echegoyen tenía buena pinta, pero si Romana vendió rápido y mal, su sucesor vendió lento… y mal.

Y todo a costa del contribuyente. Conviene recordarlo.