No parece que la apuesta de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, por el bitcoin como moneda de curso legal, haya tenido éxito
El Salvador fue -junio 2021- el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal y apenas un año y medio después podría declararse en quiebra si no cumple con el pago de un bono de 800 millones de dólares que vence en enero de 2023.
El presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador se apresuró a tranquilizar al mercado, con éxito discutible, y aseguró que existe “riesgo cero” de que el país no pague a sus acreedores.
Sin embargo, el FMI advirtió en febrero de este año acerca del riesgo que corría la economía de El Salvador: “La adopción del bitcoin como moneda de curso legal se financia íntegramente mediante dinero público, a través de un fideicomiso. Si el precio del bitcoin se desploma, los recursos del fideicomiso podrían agotarse rápidamente. El gobierno, para seguir garantizando la convertibilidad entre el bitcoin y el dólar de EEUU, debería financiar el fondo fiduciario con recursos adicionales o mediante la emisión de deuda”.
Eso es, precisamente, lo que ha sucedido. Cuando El Salvador compró los primeros bitcoin, entre el 6 y el 7 de septiembre de 2021, cuando entró en vigor la Ley Bitcoin, la criptomoneda valía entre los 52.650 dólares del día 6 y los 46.890 dólares a los que cerró el día 7. La cotización siguió cayendo ese mes hasta el mínimo de los 40.680 dólares, muy superior, en cualquier caso, a los 31.780 dólares a los que cotiza este lunes.
Sea como fuere, la mayoría de los salvadoreños nunca confiaron en la criptodivisa y solo el 20% de ellos se descargaron la aplicación lanzada por el Gobierno para el uso diario del bitcoin, según un estudio del norteamericano National Bureau of Economic Research. Una desconfianza que llevó al Tesoro salvadoreño a aplazar la emisión de bonos -llamados ‘volcán’- utilizando tecnología blockchain y destinados a comprar más bitcoin.
Los salvadoreños desconfían del bitcoin y las agencias de rating, también. Algunas de ellas, como Moody’s o Fitch, ya han rebajado la calificación de la deuda del país centroamericano, cuya deuda pública podría cerrar 2022 en el 87% del PIB.
Recuerden, en España alcanza el 120% del PIB.
