El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, no gana para disgustos, a su mal rumbo en las encuestas de la Comunidad de Madrid y a los casos de corrupción de su partido tiene que sumar un quebradero de cabeza más. Lo publica Economist & Jurist: España cuenta 800.000 interinos en fraude de ley.
Si bien países como Grecia, Portugal o territorios del norte de Europa han implantado procesos de estabilización automática como sanción y multas para aquellas jurisdicciones donde se abusa de la temporalidad, España se encuentra muy lejos de tener una solución.
"Cinco ministros de Función Publica que no se han tomado en serio el problema que ha ido creciendo de forma exponencial", es uno de los grandes factores para que la situación no se enderece. Desde Economist & Jurist advierten de una "multa importante de la Comisión Europea" que parece estar a la vuelta de la esquina, y es que el porcentaje de interinos está cercano al 40%, muy alejado del 8% que se pactó con la Unión Europea hace años. El Gobierno estudia un nuevo plan de choque para regularizar a los trabajadores en esta situación.
En el entretanto los afectados siguen con sus exigencias y manifestándose, la última fue el pasado 11 de junio, frente al Congreso de los Diputados, y pidiendo que la futura Ley de Función Publica incluya en su texto alguna enmienda que estabilice al colectivo y recupere a los interinos cesados en estos últimos meses.
Economist & Jurist pone como ejemplo el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores que indica que los trabajadores con más de 3 años de antigüedad pasan a ser fijos, lo que evita ese abuso de la temporalidad de la Administración, que ha hecho que 800.000 interinos estén en situación de abuso de la temporalidad, muchos con 15 y 20 añosencadenando contratos. Y eso que Yoli iba a luchar con la precariedad laboral.
Según indica este colectivo," el gran problema es la inacción del Gobierno para resolver este problema, la negligencia de las administraciones públicas que no han gestionado bien esos procesos selectivos de la Ley 20/2021 y la judicialización de los asuntos con más de 30.000 asuntos en los juzgados con resultado dispar. Las esperanzas vuelven a estar puestas en el TJUE y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDHR)".
Para Maite Agredano, portavoz de la Unión Sindical contra la Temporalidad del Empleo Público, la plataforma que agrupa a 22 organizaciones y sindicatos de toda España que ha organizado la protesta en Madrid: “algunos de nosotros hemos hablado en el interior de la Cámara Baja con los distintos grupos políticos para plantearles una solución que resuelva la situación de los compañeros aún en fraude de ley. Los socios de Gobierno tienen una propuesta de solución legislativa en la mesa que les ofrecimos. Parece que les puede encajar y pasaría por incluir en la futura ley de Función Publica alguna enmienda que facilitara la estabilización de estos profesionales en fraude de ley”.
“El problema lo tenemos con el PSOE que no se les ve muy proactivos sobre este asunto. Su posición es de no hacer nada hasta que no se conozcan la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial planteada por el Supremo hace algo más de un año y que genere sobre sentencia del Supremo no van a legislar. La vista será el 24 de junio para hasta dentro de seis meses no habrá sentencia. No podemos esperar tantos meses porque la situación puede empeorar aún más. Esos tiempos judiciales no van en la línea del personal en abuso. Hay que tomar soluciones lo antes posible porque se siguen cesando a muchos compañeros”.
Celia del Val y Laura Martínez, representantes sindicales de FETAP-CGT, señalan a Economist & Jurist que “el momento ahora es crucial porque concluye la actividad parlamentaria antes del verano. Creemos que si daría tiempo entre junio y julio para resolver la situación de este colectivo. Se trataría de que se aprobase la nueva Ley de Función Publica para estabilizar al grueso de interinos que estamos en fraude de ley desde hace años. El TJUE ya ha dejado claro que España no cumple la normativa ni cumple el derecho europeo. La situación actual afecta a 2.600.000 personas si contamos con las familias de estos profesionales”.
El problema de estos ceses “es que muchos de estos compañeros irán al paro, algunos con indemnización, cuestión que va a dejar maltrechos a varios servicios públicos porque ellos llevaban años gestionándolos, tanto en la Administración General del Estado (AGE) como en algunas comunidades autónomas y a nivel local. El problema se va a notar en ciudades como Madrid donde no habrá gente competente que mantenga esos servicios públicos. Ya pasa en el SEPE donde se espera que se cesen a más de 5.000 interinos este mes. Sus procesos de estabilización basados en la Ley 20/2021 no han resuelto nada. Se han presentado interinos con gente de la calle, algo inaudito”.
“Es evidente que la Ley 20/2021 no ha logrado estabilizar al grueso de trabajadores interinos en abuso. La Ley se ha pervertido. Muchos de ellos están siendo cesados sin indemnización pese que la UE ya dijo que esta ley y sus procesos de estabilización no eran la medida adecuada para resolver este tema porque hay que resarcir al abusado de alguna forma. No hay ni fijeza ni indemnización. Los trabajadores queremos seguir trabajando y la Administración necesita que nosotros como profesionales sigamos en nuestros puestos de trabajo atendiendo a distintos servicios públicos. Esta Ley no se está aplicando para lo que realmente se planteó”.
