Decíamos en Hispanidad que estos PGE-2023 son un derroche. Se dicen solidarios con los pobres pero estamos siendo insolidarios con la próxima generación. Y encima tienes que aguantar que son presupuestos de justicia social. Sociales no sé, pero justos en modo alguno.

Los ejemplos son muchos: primero se nos dice que se prorrogan las ayudas al transporte urbano que el Gobierno puso en marcha hace unos meses, por lo que los trenes de media distancia, Cercanías y Rodiles serán gratuitos. La medida costará 700 millones de euros, y es que a los conductores, personal y maquinistas hay que seguir pagándoles el sueldo cada mes, por lo que al final habrá que echar mano de los impuestos para cubrir las pérdidas ocasionadas por la rebaja o gratuidad del precio del billete. Pero la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, lo justifica porque la Ejecutiva está junto a los más vulnerables y son las familias con menos ingresos las que usan el transporte público: eso sí, la bonificación del carburante o la rebaja de la factura fiscal de la energía no se prorroga. Marisu lo explica, lo del transporte público tiene otra finalidad, la transición verde, la titular de Hacienda estudiará el impacto de esta medida en el uso del transporte público y de la transción ecológica: todo sea por salvar el planeta.

Más, el Ingreso Mínimo Vital aumentará en los mismos términos que las pensiones, es decir, que se revalorizará, dentro de los presupuestos, el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), que calcula diferentes ayudas y prestaciones, sube de 579,02 a 600 euros a partir del 1 de enero de 2023. Y más medidas para convertir la sociedad en vaga y subvencionada: la cuantía por desempleo subirá desde el 50% al 60% de la base reguladora de la cotización a partir del séptimo mes de encontrarse en paro. El Gobierno nos recuerda que fue el PP quien en 2012 rebajó la cantidad a partir del séptimo mes del 70% al 50%, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quiere recuperar el nivel en 2024. Lo que la Ejecutiva olvida es que los populares tomaron la medida para incentivar la búsqueda de empleo, pero claro, si sumas el IMV y la prestación por desempleo, ¿para qué buscar trabajo? Mejor quedarse en casa. 

Otra de las grandes medidas del gasto es el aumento de los salarios de los funcionarios: la nómina de los empleados públicos se prevé que ascienda a los 20.502 millones de euros. Lo que se traduce en un incremento del 6,6% frente a los 19.229 millones de euros del pasado año. El aumento se justifica, por un lado, por la oferta pública de empleo que el Gobierno ha anunciado para el próximo año y por otro, por la revisión salarial que ha acordado Marisu con CCOO y UGT, que no con CSIF, que es el sindicato mayoritario. 

Y es que estos Presupuestos Generales del Estado son el claro ejemplo de voto cautivo, techo de gasto récord, evidentemente: se acercan las elecciones y cada voto cuenta.