El pulso entre energéticas y Teresa Ribera continúa, tras el plantón que algunas dieron a la última subasta de renovables. Ahora Iberdrola y Repsol acusan al Gobierno de ser el responsable de la subida de la luz, bueno, más concretamente, de no contribuir a que baje de precio, pues sigue superando los 200 euros/MWh, y las medidas adoptadas (bajadas y suspensión de algunos impuestos, y el decretazo) no han parado la escalada.

En un comunicado, el presidente y CEO de Iberdrola, Ignacio S. Galán, ha señalado que “nuestro compromiso es seguir apoyando a la industria española y ayudar a la prosperidad de nuestro país”. Por ello, se ha comprometido a no variar los precios eléctricos a la industria para no afectar a la competitividad española, siempre y cuando, no se perjudique la producción eléctrica con tributos lesivos y pide al Gobierno la retirada del Real Decreto y la Ley criticada por la UE.

Iberdrola se ha comprometido a no variar los precios eléctricos a la industria para no afectar a la competitividad española, siempre y cuando, no se perjudique la producción eléctrica con tributos lesivos

Iberdrola ha recordado que el decretazo “está suponiendo un grave perjuicio de 1.000 millones de euros mensuales para las empresas eléctricas españolas”, pidiendo que no se grave con impuestos a la energía renovable. Asimismo, ha insistido en que el Gobierno no debe introducir tributos que dañen nuestra renta disponible como ciudadanos o nuestra capacidad inversora como empresas (ya saben que Iberdrola se ha replanteado las inversiones en España, al tiempo que ha anunciado que las aumentará en Reino Unido, con foto incluida junto a Boris Johnson), y se muestra favorable a que se hagan cambios en el decretazo, incluida su retirada, porque “todo el mundo se puede equivocar por falta de información y rectificar es de sabios”.

Por su parte, el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, ha dado un paso más y ha hablado de “repensar” la transición ecológica, “manteniendo la ambición en materia de CO2 (o sea, de reducción de emisiones)”, haciendo que sea una “transición justa y competitiva” y “no una transición de cualquier manera”. Al hilo de esto, ha subrayado que justa “no es que me cierran la acería y luego me ponen un centro de interpretación con cuatro puestos de trabajo, que viene luego la gente a visitarnos y nos dedicamos al turismo”, sino que la industria “tenga la oportunidad de competir”.

Imaz subraya que “no es de recibo” que haya que enfrentarse a meses en que las familias tengan que pagar la electricidad a 220 o 250 euros el MWh o a que haya industrias que tengan que “parar porque no pueden abordar los costes energéticos” 

Imaz ha defendido que la transición debe ser “competitiva, eficiente y basada en las capacidades tecnológicas e industriales existentes” y “no transición haciendo el canelo”, y se debe hacer “pensando en los consumidores y la industria” porque “no es de recibo” que haya que enfrentarse a meses en que las familias tengan que pagar la electricidad a 220 o 250 euros el MWh generado o a que haya industrias que tengan que “parar porque no pueden abordar los costes energéticos” (algo que ya han anunciado Sidenor o ArcelorMittal, entre otras).

Al CEO de Repsol le gustaría que hubiera un “precio de CO2 global”, aludiendo una vez más a la especulación financiera que está habiendo con los derechos de CO2 en Europa, que son los que han sobredimensionado el recibo eléctrico de los consumidores. “Sin renunciar en absoluto a la ambición climática y de una forma temporal, las instituciones europeas deberían poner más derechos de CO2 en el mercado para hacer bajar este precio del CO2. Lo pueden hacer en 24 horas si quieren y esto tendría un efecto inmediato sobre los recibos de los consumidores y sobre la competitividad de la industria”, ha subrayado.

Tanto Galán como Imaz han demostrado su compromiso con la industria en estas declaraciones que no se producen al azar. Y es que son la respuesta a las declaraciones de la vicepresidenta ecológica Teresa Ribera en su entrevista para El Periódico de España, donde entre otras perlas, ha señalado que “es hora de reclamar a las eléctricas su compromiso social”.