Este viernes 14 de agosto, festividad de San Maximiliano Kolbe, es un día histórico para España, en lo que a energía se refiere. El Gobierno Sánchez se ha rendido, por fin, al sentido común y a la evidencia de que no puede prescindir de la nuclear. Al menos, ha dado un primer paso al prorrogar la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030.
Es cierto que tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al Ejecutivo se le había complicado, y mucho, mantener su demagogia verde y ‘climática’, con la que pretendía renunciar a una energía segura que no emite CO2 y proporciona estabilidad de suministro y el 20% de la electricidad de nuestro país. De hecho, la central de Almaraz aporta el 7% de la demanda eléctrica.
En los últimos tiempos, en todo el mundo se vive un renacimiento nuclear y Alemania ya ha calificado de grave error el cierre de sus últimas nucleares que acometió hace unos años. Sin embargo, España insistía en mantener un calendario progresivo de cierres de sus reactores entre 2027 y 2035, que se firmó en la primavera de 2019 en un contexto muy distinto al actual: no había estallado la guerra de Ucrania ni la de Irán, no había surgido una pandemia mundial, no existía la elevada volatilidad en los mercados de hoy día, no estaba bloqueado el estrecho de Ormuz, no había altos precios del petróleo y del gas, y no había una gran incertidumbre geopolítica. Todo esto ha contribuido en el renacimiento mundial de la nuclear, incluyendo la UE, y en nuestro país ha ido creciendo el apoyo hacia dicha energía.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que lidera la vicepresidenta tercera, la ‘climática’ y antinuclear, Sara Aagesen, se ha apuntado que la extensión de la explotación de Almaraz hasta junio de 2030 se debe a que cumplía las tres condiciones que le impusieron. “Es segura para las personas”, tal y como ha constatado el CSN; “no compromete la seguridad de suministro”, de hecho, todo lo contrario, contribuye a garantizarlo y en la estabilidad del sistema eléctrico (algo que desde el apagón del 28 de abril de 2025 se valora, y mucho); y “no tiene coste para los ciudadanos”, claro, porque sus propietarias -Iberdrola, Endesa y Naturgy- habían aceptado renunciar a la reclamación de bajar los excesivos y redundantes impuestos que soportan en su solicitud de prórroga.
Y para justificar una decisión que contradice su demagogia habitual, el Departamento de Aagesen señala que la prórroga de Almaraz “se produce ponderando las circunstancias extraordinarias derivadas del conflicto en Oriente Medio y de la continuidad de la guerra en Ucrania. Hay una situación energética internacional excepcional y sobrevenida que está generando un escenario de elevada volatilidad y precios altos de los combustibles fósiles, cuya duración es actualmente imposible de prever”. ¡Qué cara más dura! Por si esto no bastara, alude a una volatilidad e incertidumbre “significativamente mayores a las anticipadas” hace unos meses. Eso sí, siguen señalando que la apuesta del Gobierno por las energías renovables permanece intacta, aún cuando estas no bastan para garantizar el suministro.
Desde dicho Ministerio se apunta que la “extensión limitada se circunscribe exclusivamente a la instalación de Almaraz, no alterándose la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear en 2035”. Sin embargo, se trata de una media verdad. Al Gobierno Sánchez (o al que venga después) no le va a quedar otra que rectificar dichos ceses y prorrogar el resto de centrales, de hecho, hace unos días, ABC informaba de que algunos de sus socios (Junts y ERC) ya están pidiendo la prórroga para los reactores catalanes (Ascó I, Ascó II y Vandellós II), que aportan, nada más y nada menos, que el 60% de la electricidad de Cataluña… y no hay alternativa posible.
Lógicamente, la decisión del Gobierno Sánchez sobre Almaraz ha sido aplaudida por todos los que la reclamaban.
