Hace una semana en la Junta de Accionistas de Acciona, resultaba inevitable que no se hablara de la ‘presunta’ corrupción de la compañía al aparecer en la trama de Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos. Así se pudo ver tanto en el discurso del presidente ejecutivo, José Manuel Entrecanales Domecq, como en su respuesta a las preguntas de varios accionistas. Eso sí, el empresario se movió, como es habitual, al ‘estilo Sánchez’ al presumir de integridad, entre otros valores, y por supuesto, de ser muy verde y ecológico. Y es que los Entrecanales siempre se han identificado mucho con su sanchidad y el socialismo.
En el polo completamente opuesto ideológicamente hablando tenemos otra gran empresa familiar española: los del Pino y Ferrovial. Recuerden que Rafael, presidente y mandamás, se marchó del país por las políticas de Sánchez y que cada vez que puede tiene a bien recordar lo maravillosa que es su vida al otro lado del charco.
Desde la derecha y la izquierda, con distintas visiones, ambas empresas han seguido creciendo en caminos paralelos pero sin cruzarse... hasta ahora. Ferrovial ha demandado a Acciona en los tribunales de Estados Unidos por un supuesto plan de espionaje industrial y robo de información confidencial, según publica Expansión.
La compañía de del Pino acusa a la empresa de los Entrecanales de haber organizado la contratación de varios directivos y empleados que, presuntamente, habrían transferido miles de documentos sensibles para obtener ventaja en grandes licitaciones de infraestructuras valoradas en miles de millones de euros.
La denuncia ha sido presentada ante un tribunal federal en el distrito norte de Georgia y sostiene que Acciona habría vulnerado leyes estadounidenses de protección de secretos comerciales a nivel federal y en los estados de Georgia y Texas.
Desde Ferrovial reclaman que la información obtenida no pueda usarse y solicita además una indemnización "ejemplar y punitiva" por los daños causados. En su defensa, Acciona rechaza categóricamente los cargos y considera que la demanda carece de fundamento, asegura que no hay pruebas de que se utilizara información confidencial y que los empleados contratados no tenían prohibido conservar documentos.
Al parecer, según explica el medio, el conflicto se remonta a noviembre de 2024 cuando un directivo de Ferrovial en Atlanta, Jesús González Fernández, renunció y se unió a Acciona tras descargar más de 100.000 documentos confidenciales. Ferrovial lo denunció y, tras investigar, acusó a otros cuatro exempleados. Tras esto, Acciona ganó, en consorcio con ACS, una adjudicación de 4.200 millones de euros para la construcción de la autopista SR-400 en Atlanta, precisamente frente a Ferrovial. En la actualidad se encuentran compitiendo por otro gran contrato en la misma región: la carretera I-285, por 3.000 millones.
Como medida cautelar, la jueza ha ordenado devolver los documentos y ha prohibido utilizarlos mientras continúa el proceso.
