18 de junio de 2017, los españoles tienen el 'honor' de recibir en La Moncloa al presidente más progresista de la historia, también recordado por hacer volar a Franco en helicóptero. En estos históricos, asfixiantes y tormentosos casi nueve años, en España no solo no se ha invertido en infraestructuras, sino que se "han destruido" las existentes. Esta fue la principal, y más preocupante, conclusión del informe del IEE, y ahora SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, apunta a la misma dirección.
Según los datos, "las necesidades de inversión en conservación y mantenimiento de infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas representan 127.341 millones de euros (M€) en la próxima década".
Una cifra que se desagrega en 58.369 millones de euros en carreteras, 20.280 millones en ferrocarril y otros 48.692 en infraestructuras hidráulicas. A este esfuerzo en conservación se suma el reto de desarrollar nuevas infraestructuras y de adaptar las existentes. Las necesidades globales de inversión ya detectadas para desarrollar nuevas infraestructuras y adaptar las existentes superan los 280.000 millones de euros, con lo que se concluye que, en conjunto, España necesita invertir en infraestructuras 407.341 millones de euros durante la próxima década.
En este contexto, y con la inversión pública que continúa perdiendo representatividad en el PIB con un 2,7% en 2024 vs el 5,2% de 2009, "será más prioritario que nunca impulsar los modelos concesionales y de colaboración público-privada para poder acometer estas infraestructuras prioritarias y poder mantener y renovar adecuadamente las existentes".
Sin embargo, desde SEOPAN denuncian que "el modelo concesional está prácticamente paralizado: en 2025 solo se han licitado 2.218 millones en concesiones de obra, apenas el 1,9% de la licitación pública total. Desde la aprobación de la Ley de Desindexación en 2015, la licitación de concesiones de obra se ha reducido un 84% y cerca de una de cada cinco (19,2%) han quedado desiertas, desistidas o renunciadas".
Ante este escenario, SEOPAN plantea un cambio de modelo basado en tres pilares: mayor inversión pública, reactivación de la colaboración público-privada y nuevas fórmulas de financiación, "considerando que la tarificación viaria es la alternativa más eficaz para garantizar la conservación y calidad de las carreteras sin aumentar impuestos ni comprometer otros servicios públicos". Según sus estimaciones, un sistema de pago por uso por distancia "que supondría en promedio 111 euros anuales por usuario permitiría generar hasta 43.260 millones de euros en una década, destinados a la conservación de la red, la transición ecológica y la digitalización, además de aportar 4.100 millones de euros de recaudación por BICES en 2.680 municipios".
“Es preocupante que en 2024 invirtamos solo el 52% de lo que se invertía en 2009 y que áreas tan urgentes como el transporte, el abastecimiento de agua y la gestión de aguas residuales hayan pasado de representar el 3,9% del gasto público total en 2008 al 1,7% en 2024. Es momento de pasar de una etapa de infrafinanciación a una de impulso decidido, con visión estratégica, y una apuesta firme por la inversión y la colaboración público-privada”, señala Julián Núñez, presidente de SEOPAN.
