Decíamos que hay más desastre de los laudos de renovables, problema que creó el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y continuó el PP de Mariano Rajoy, y ahora encima crece vía embargos en distintos países. Es más, aumenta la posibilidad de que EEUU embargue el Falcon, el avión que tanto le gusta usar a Pedro Sánchez en sus viajes.

Recuerden que los medios diplomáticos y jurídicos españoles ya temieron el embargo de dicho avión cuando el presidente del Gobierno viajó a la 80ª Asamblea de la ONU el pasado septiembre. Ahora ese temor ha vuelto a surgir porque el Falcon está entre los activos y pagos vinculados a España que los tribunales de EEUU podrían embargar ante los impagos relacionados con los laudos que ascienden a unos 688 millones de euros, tras siete resoluciones favorables a los demandantes (sobre todo, empresas y fondos de inversión, así como fondos oportunistas que se han hecho con los derechos de cobro de otros fondos), según informa La Razón.

Cabe recordar que en Argentina, en octubre de 2012, siendo presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se embargó el buque escuela argentino ‘Fragata Libertad’ en Ghana, como respuesta a la demanda del fondo NML Capital, que exigía el pago de una deuda que no se había incluido en un canje de años anteriores, y que el país hispanoamericano se negaba a pagar. Al final, el buque fue liberado 77 días más tarde, tras la intervención del Tribunal del Mar y la resolución de la deuda con el fondo. Asimismo, la propia Cristina Fernández de Kirchner se vio obligada a viajar en vuelos charter a EEUU para evitar el posible embargo de su avión oficial Tango 1, algo que, curiosamente, ha referido en Madrid el abogado Matthew McGill, socio del bufete King & Spalding y principal representante legal de buena parte de los inversores afectados por los laudos.

Claro que los tribunales de EEUU no sólo podrían embargar el Falcon, sino también un contrato de misiles Patriot valorados en más de 1.700 millones de dólares (más de 1.445 millones de euros). En concreto, el que hay entre entre la empresa estadounidense Raytheon y el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles. Fuentes jurídicas han explicado que los equipos legales estudian fórmulas para intervenir pagos adelantados, garantías o transferencias financieras asociadas a ese contrato, especialmente si parte de la operativa se desarrolla mediante entidades sometidas a jurisdicción federal de EEUU, como señala La Razón.

No hay que perder de vista que ante los impagos, en el país que preside Donald Trump se han dado órdenes para rastrear activos, cuentas pagos, transferencias y operaciones relacionadas con organismos públicos, empresas estatales y entidades relacionados con España… y que pudieran ser objeto de embargo. Entre ellos, no sólo se encuentra el Falcon y el contrato de misiles con Raytheon, sino que también podría afectar a la participación de la Selección Española en el próximo Mundial de fútbol, el cual se celebrará en Canadá, México y EEUU entre los días 11 de junio y 19 de julio.

Hasta ahora, España debe 2.309 millones a empresas y fondos de inversión que se vieron afectados por el recorte de las generosísimas primas a las renovables: en concreto, son 1.754,7 millones, a los que se suman 545,6 millones en intereses de demora, honorarios de consultores y bufetes, condenas en costas, así como otros costes. Los acreedores piden al Gobierno que ponga fin al tema, pues ya llegó a un acuerdo con la empresa JGC, según fuentes judiciales. Hasta ahora, el Ejecutivo se ha negado a pagar a los demandantes... y por eso han empezado a llegar embargos de activos. 

Ya saben que el origen del desastre de los laudos empezó hace bastante, con las generosísimas primas a las renovables que el socialista Zapatero ofreció cuando era presidente del Gobierno, prometiéndoles una rentabilidad asegurada del 22%... y atrayendo así a gran cantidad de fondos y empresas. Dichas primas se articularon a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: primero, con el cordobés José Montilla al frente y después, con el barcelonés Joan Clos. Sin embargo, a este último le sucedió el madrileño Miguel Sebastián, quien empezó a ver la magnitud del problema que había originado con tanta ‘generosidad’ (con el dinero de los contribuyentes, claro está) su jefe dado que el déficit de tarifa se había disparado a casi 30.000 millones de euros... y comenzó a meter la tijera a las citadas primas en 2010. En diciembre de 2011 acabó la etapa de Zapatero en La Moncloa y se inició la del pepero Rajoy, quien eligió a José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo, y por tanto, a cargo del desastre originado por las primas a las renovables. Así, Soria no sólo se encargó de hacer un fuerte tijeretazo, sino que intentó amortiguar el desastre creando un nuevo impuesto (del 7% por la energía eléctrica producida por las energías verdes)... que ahora la industria pide eliminar para rebajar sus elevados costes energéticos. 

Por supuesto, a los que llegaron atraídos por las famosas primas no les hizo ninguna gracia ni su recorte ni el nuevo impuesto... y empezaron a acudir a los tribunales, pero no les fue como esperaban... y hasta el Tribunal Supremo confirmó que fue legal aplicar una rentabilidad razonable del 7,09%, en lugar del desmedido 22% prometido por Zapatero a los promotores de turbinas eólicas y placas solares, y que si se situaba entre el 7% y el 9% era más que suficiente. Así, comenzaron a producirse arbitrajes o laudos (donde hay un abogado por cada una de las partes y otro independiente que hace de mediador), alcanzando 52 casos que reclamaban más de 10.000 millones a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -el organismo de arbitraje del Banco Mundial-. Es cierto que ha habido tanto fallos en contra de nuestro país como favorables, y que no se ha pagado ni un euro de la cantidad que se pedía como indemnización. Claro que como en los arbitrajes hay abogados y estos no pueden dictar sentencia..., en muchos casos los demandantes también han acudido a los tribunales ordinarios... y así han llegado ya algunos embargos de activos e ingresos de nuestro país ajenos al sector energético en varios países (EEUU, Australia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos... y la lista puede seguir creciendo). Entre dichos embargos, están: los de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos); o un montante de 840 millones en Bélgica de los ingresos que España, a través de Enaire, recibe por el control de su tráfico aéreo por parte del organismo europeo de navegación aérea Eurocontrol.

Además, a los laudos y embargos, se suma el hecho de que seguimos pagando el déficit de tarifa, que se ha convertido en una deuda histórica del sistema eléctrico español y que conlleva intereses: cerró en 3.552 millones en 2025, según los últimos datos de la CNMC... y no se liquidará hasta 2028.