La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha mostrado hoy eufórica al ofrecer en rueda de prensa los datos sobre el déficit público durante el primer trimestre del año. 

Pues bien: el déficit del conjunto de las administraciones públicas (AAPP) cerró los tres primeros meses del año en el 0,04% del PIB -esto es, 510 millones de euros-. El déficit del Estado se ha reducido un 91,4%. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha destacado que la evolución hasta marzo "muestra que el déficit del Estado continúa la senda descendente iniciada en 2021 y que se ha mantenido en 2022 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo".

Esta reducción podría ser una buena noticia, pero no lo es, porque el descenso se debe al aumento de los ingresos, es decir, al mayor empobrecimiento de la población, que paga más impuestos, y no por el recorte del gasto público que, lejos de disminuir, aumentan. Y es que según los datos del ministerio, esta mejora se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 9,7%, frente al comportamiento de los gastos, que decrecen levemente a un ritmo del 0,2%.

Por eso el Gobierno no quiere bajar los impuestos, porque en la situación actual puede reducir el déficit público y hacerlo al mismo tiempo que aumenta el gasto. Claro, todo a costa de empobrecer todavía más a los españoles.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública también ha publicado los datos de déficit consolidado de la Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social, pero en este caso hasta el mes de febrero. En febrero de 2023, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y las comunidades autónomas, excluida la ayuda financiera, se situó en 8.544 millones, un 31,2% por debajo de las cifras del año pasado, equivalente al 0,62% del PIB, frente al 0,94% del mismo periodo de 2022. Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit se mantiene en el 0,62% del PIB.