La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha mostrado hoy eufórica al ofrecer en rueda de prensa los datos sobre el déficit público del año pasado. 

Pues bien: el  déficit del conjunto de las administraciones públicas (AAPP) cerró 2022 en el 4,8% del PIB -esto es, 63.776 millones de euros-, frente al 6,9% del año pasado y frente al 5% fijado por el propio Gobierno. 

Este déficit se sitúa por encima de las previsiones que organismos como el Banco de España (4,3%) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (4,5%) habían pronosticado en los últimos meses. 

Esta reducción del déficit se debe en parte a que los ingresos crecieron nada menos que un 14,4% respecto al año anterior, lo que en euros supone 32.078 millones más. De esa cifra, cinco puntos se deben al alza de la inflación (subida de precios que en promedio fue del 8,4% en 2022). Aunque, a juicio de la ministra, “el incremento de precios el año pasado solo explica una tercera parte del incremento de la recaudación”. 

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Pero la subida en los ingresos se explica en gran medida por la voracidad fiscal del Gobierno: en concreto, los ingresos públicos registraron un máximo histórico de 255.463 millones de euros. Así, por ejemplo, el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) recaudó 109.485 millones de euros, un 15,8 % más; el de Sociedades (empresas), 32.176 millones de euros, un 20,8 % más; y el del Valor Añadido (IVA), 82.595 millones de euros, un 13,9 % más; y los Impuestos Especiales, un 2,5% más, suponiendo 20.224 millones.

¿Y qué pasó con el gasto? Este se situó en 318.610 millones de euros, un 3,6 % más (unos 10.000 millones de euros) que el año anterior. 

Culpa de la subida del gasto se debe a importantes alzas en las partidas de ayudas y subvenciones (141%), transferencias sociales en especie (33%), inversión (13,2%) o consumos intermedios (25%).

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado esta mañana que el déficit público español es diez veces superior al de Portugal.  

Como recogió Hispanidad recientemente, Bruselas empieza otra vez a enseñar la patita de las reglas fiscales -conocidas como Pacto de Estabilidad y Crecimiento-, interrumpidas por causa de un virus, el covid-19, que lo puso todo cabeza arriba. El pasado 8 de marzo, la Comisión Europea dio a conocer sus instrucciones sobre las nuevas reglas fiscales que los países miembros deberán retomar a partir del año que viene, el 2024, aunque con flexibilidad. En concreto, la Comisión Europea vuelve a la regla del déficit público del 3% y de una deuda tope del 60% del PIB. 

El Gobierno español prevé que en 2024 el déficit será del 3,3% y fija el año 2025 para situarse por debajo del 3% en 2025 (2,9%).