La ministra Mónica García está más cerca de salirse con la suya y eliminar el modelo Muface de atención sanitaria
Aunque tienen de plazo hasta el 15 de enero para presentarse al nuevo concurso de Muface, SegurCaixa Adeslas ha manifestado este viernes que no se acudirá a la nueva licitación del Gobierno, que propone una subida, respecto al convenio actual, del 19,37% en 2025 y del 7,25% en 2026, lo que supone un aumento acumulado del 26,2%, muy inferior al 34% exigido por la aseguradora.
El 'no' de la mayor aseguradora de España -propiedad de Mutua (50,1%) y Caixabank (49,9%)- y la que atiende a un mayor número de funcionarios de los 1,5 millones adscritos a Muface, aboca a la desaparición del modelo que es, recuerden, lo que pretende la ministra comunista de Sanidad, Mónica García. En otras palabras, el pulso entre Sumar y el PSOE ha dado un giro y se ha decantado, si el ministro Óscar López no lo remedia, a favor de la camarada García que, como buena comunista, quiere cargarse la sanidad privada y todo lo que se le parezca. Según ella, la sanidad pública funciona perfectamente y está plenamente capacitada para asumir, de golpe y porrazo a los expulsados de Muface.
Las razones de Adeslas son poderosas: no quiere seguir perdiendo dinero (unos 80 millones anuales) como le ha sucedido durante los últimos dos años con el convenio actual.
La situación es crítica, porque lo más probable es que tanto DKV como Asisa, las otras dos aseguradoras que podrían acudir a la licitación, no lo harán tras el 'no' de Adeslas, dejando en el aire la atención sanitaria de 1,5 millones de funcionarios. Por supuesto, la culpa no es de las compañías, que no pueden asumir el coste, sino del Gobierno, que según para qué cosas sí tiene dinero, pero no para otras, como Muface.
La pelota vuelve a estar en el tejado del Ejecutivo que, si quiere mantener el modelo, deberá mejorar las condiciones. Lo que no debe hacer bajo ningún concepto es prorrogar el actual convenio hasta septiembre. Lo puede hacer, en virtud de la ley de Contratación Pública, pero supondría la ruptura total con las aseguradoras, que tendrían que asumir en sus cuentas las pérdidas de todos esos meses.
