De puertas afuera, Carlos Torres se muestra tranquilo ante el caso Villarejo, incluso llegó a calificarlo de “cansino”, pero de puertas adentro la cosa es bien distinta. Puede que el caso le parezca interminable -lo está siendo-, pero lo cierto es que le mantiene en vilo porque el BBVA como persona jurídica continúa imputado y eso le puede afectar como máximo responsable de la entidad.

Si Manuel García-Castellón mantiene la imputación, Torres podría tener que ir a declarar durante el juicio oral y soportar la pena de telediario. Ojo, él, el Ceo Onur Genç y el consejo de administración al completo.

No, Torres no está tranquilo por mucho que aparente lo contrario y en vistas del poco éxito que han tenido los servicios jurídicos de la entidad, ha dado un giro de 180 grados en la estrategia de la defensa, de tal manera que ha pasado de no saber nada a admitir que contrató a Villarejo, pero sin saber que estaba incurriendo en ilegalidad. Es la misma estrategia utilizada por Iberdrola y que tan buenos resultados le ha dado hasta el momento. Sánchez Galán ha sido desimputado.

La estrategia, resumida: no negamos que contratamos los servicios de Cenyt, pero no sabíamos que Villarejo era, el mismo tiempo, un policía en activo. ¿Cómo lo vamos a saber si ni siquiera el jefe de Villarejo, el ministro del Interior de turno, lo sabía? Y si lo sabía y lo permitió, el delito está ahí, no en la contratación de Cenyt por parte de una empresa privada.

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El reto al que se enfrenta Torres ahora es convencer al juez de que, en realidad, el banco sí tenía constancia de la contratación de Villarejo. Tendrá que convencer a García-Castellón después de que en la junta de 2019, el consejero coordinador y presidente de la comisión de auditoría y cumplimiento, José Miguel Andrés Torrecillas, a preguntas de un accionista, respondiera que no tenía constancia de la contratación de Cenyt.

Alguien miente: no se puede conocer y desconocer lo mismo, al mismo tiempo.