Empecemos por el principio. El día 6 de junio de 2017, el Banco Popular convocó una reunión urgente del Consejo de Administración con el fin de analizar la situación de liquidez de la entidad. Al ser convocada con carácter de urgencia, algunos consejeros asistieron vía telefónica, al estar lejos de Madrid en ese momento. Fue el caso del consejero Jaime Ruiz Sacristán, representante del mexicano Antonio del Valle, que se encontraba en Estados Unidos.

A tenor del documento presentado al juez del caso, José Luis Calama, el pasado 10 de marzo, aquella reunión resultó vital para el desenlace final que todos conocemos. Y no es documento cualquiera: es una declaración notarial de Ruiz Sacristán en la que acusa a Emilio Saracho y al secretario del Consejo y hombre de confianza de Saracho, Joaquín Hervada, de inventarse el acta de dicha reunión, en la que se aprobó un documento que fue remitido inmediatamente a la JUR, que lo utilizó para justificar la intervención aquella madrugada, como adelantó Hispanidad.

A la reunión no le faltó de nada. Según Ruiz Sacristán, intervinieron varios abogados del despacho Uría Menéndez para advertir a los Consejeros de las graves responsabilidades patrimoniales personales en que podrían incurrir -era una obligación legal de todos ellos en términos meramente informativos- si Saracho no firmaba la carta y no la enviaba al BCE de manera inmediata. En cualquier caso, los abogados aclararon que aquello no implicaba que se estuviese solicitando la resolución del banco, que es justo lo que ocurrió, a pesar de que en ella, Saracho afirmaba que la entidad estaba ‘likely to fail’, esto es, fallido. Por cierto, Uría Menéndez es el despacho 'de cámara' del Santander.

Lo más grave de todo esto, sin embargo, y lo que puede llevar a declarar nula la intervención del Popular, es que, según el representante de Antonio del Valle, Saracho trasladó a la JUR un acta manipulada de la reunión -"inexacta", le dijo al juez-, lo que constituye un delito en sí mismo y podría acabar con Saracho y Hervada en prisión. Según Ruiz Sacristán, ningún consejero tuvo acceso al borrador del acta parcial después de la reunión. Es más, ni siquiera se leyó en alto para informar a los consejeros. No fue hasta el 28 de junio (la reunión se celebró el 6) cuando el representante de Antonio del Valle tuvo conocimiento y acceso al citado acta.

Me dirán que todo esto depende de la declaración de un consejero que, además, representaba al mexicano que, en el fondo, perseguía lo mismo que Saracho, sólo que él quería hacerse con el banco a bajo precio y Saracho buscaba darle el pase. Es cierto, pero también lo es que Ruiz Sacristán hizo estas declaraciones ante notario, lo que significa que incurriría en un delito si se demuestran falsas.

La clave será saber si el resto de consejeros respalda la versión del mexicano. Si es así, el juez podría declarar nula la intervención del Popular.