Un componente esencial del Plan de Recuperación pactado por el Gobierno español con las autoridades comunitarias es un extenso programa de reformas estructurales que había de implementarse según un calendario preestablecido para que se vayan liberando los recursos asignados a España por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

Pues bien, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)  ha publicado un boletín en el que realiza un seguimiento de las reformas comprometidas por el Gobierno español con Bruselas.

Y los resultados no son muy alentadores. "Lamentablemente, el balance de estas reformas está siendo muy decepcionante. Algunas de las nuevas normas apuntan en la dirección contraria a la que sería deseable, mientras que otras están casi vacías de contenido o se quedan cortas en el despliegue de mejoras necesarias", señala Fedea. 

En concreto, en cuanto a la reforma del sistema público de pensiones, "debería haber tenido como uno de sus objetivos centrales el de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y ha terminado teniendo el efecto contrario, al introducir una serie de disposiciones que pondrán una fuerte presión al alza sobre el gasto sin acompañarlas de medidas compensatorias adecuadas. Incluso con la nueva cláusula de salvaguarda del MEI, que obligará más pronto que tarde a subir las cotizaciones sociales para financiar en parte el aumento del gasto, el efecto previsible de la reforma será un fuerte incremento del déficit básico del sistema de pensiones durante las próximas décadas cuya financiación absorberá buena parte de los ingresos tributarios del Estado, dejando poco margen para otras prioridades de gasto e inversión", apunta esta Fundación. 

Y algo similar  sucede con la ley de vivienda que, "buscando en principio paliar el problema de escasez de oferta que padecemos en este ámbito, contribuirá seguramente a agravarlo a través del retraimiento de la oferta de alquiler ante una norma que reduce la rentabilidad e incrementa el riesgo de esta actividad", añade Fedea. 

La ley de vivienda, "buscando en principio paliar el problema de escasez de oferta que padecemos en este ámbito, contribuirá seguramente a agravarlo a través del retraimiento de la oferta de alquiler ante una norma que reduce la rentabilidad e incrementa el riesgo de esta actividad", añade Fedea

Respecto al proyecto de ley de función pública estatal "viene, en principio, a desarrollar algunas innovaciones esbozadas en el Estatuto básico del empleado público que podrían ayudar a mejorar la eficacia y eficiencia de la administración pública mediante la profesionalización de sus directivos y la mejora de las herramientas de las que estos disponen para incentivar el buen desempeño del personal y para desplegar los recursos disponibles de acuerdo con las necesidades del servicio. Especialmente tras los cambios introducidos con respecto al texto original del anteproyecto, los avances en esta línea son excesivamente tímidos, desvirtuándose, por ejemplo, el papel de las nuevas evaluaciones de desempeño a la vez que se introducen nuevos elementos de rigidez que tendrán efectos contrarios a los supuestamente buscados, como la exigencia de pactar por adelantado con los sindicatos cuestiones clave para el buen funcionamiento de las administraciones", señala Fedea.

Por contra, --opina Fedea-- el balance es algo más positivo en el caso del proyecto de ley de familias, que "introduce una bienvenida actualización del concepto de familia para adecuarlo a la cambiante realidad social y, en coherencia con ella, extiende algunas ayudas antes restringidas a familias numerosas o parejas casadas a nuevos beneficiarios. El texto, sin embargo, se alarga innecesariamente con un voluntarioso catálogo de buenos propósitos que en muchos casos carecen de contenido o resultan redundantes por tratarse de derechos ya garantizados en otras normas vigentes".

No obstante, cabe recordar que la tramitación de la Ley de Familias ha quedado en suspenso tras la disolución de las Cortes y la nueva convocatoria electoral para el próximo 23 de julio.