El pasado viernes 31 de marzo, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, en Junta de Accionistas celebrada en Madrid, respondía a un representante de la asociación Adicae. Según este, el Santander estaba empeñado en que la Audiencia Nacional condenara a los consejeros del Banco Popular, con Ángel Ron y con Emilio Saracho como presidentes para, de esta forma, no tener que indemnizar a los accionistas y bonistas (muchos de ellos particulares) que perdieron todo su dinero con la intervención de la Junta de Resolución Europea de la fementida alemana Elke König.

La respuesta de Ana Botín fue larga y contundente. Se apoyó en dos argumentos. El primero, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le había dado la razón a ella, lo cual no es del todo cierto. Lo que hizo el TJUE fue aprobar la vergonzosa intervención del Popular por la JUR, pero se cuidó muy mucho de decir que muchos juzgados españoles, por contra, han atendido las reclamaciones de los accionistas y bonistas del Popular. 

Segundo argumento: fue el mismo Banco Popular, el que en la reunión del 6 de junio de 2017, un día antes de la intervención por la JUR, recalcó la inviabilidad del banco y, por tanto, no había duda sobre dicha inviabilidad. Ella sólo pasaba por allí cuando la JUR le ofreció el Popular al Santander por 1 euro. Sí, un euro, aunque luego los peritos del Banco de España acabaran concluyendo que el Banco era perfectamente solvente y viable y que tenía un patrimonio de 11.000 millones de euros, nada menos. 

Recuerden que la razón oficial de la caída y malaventa del Popular, en una subasta nocturna donde hubo un sola puja, se debió a "falta de liquidez", que en el siglo XXI es lo mismo que si decimos que un enfermo falleció porque dejó de respirar. Eso es una obviedad, no una causa. En efecto, si no puedes respirar te mueres, pero lo que importa es saber por qué no puedes respirar.

Por tanto, hay que analizar atentamente lo que ocurrió en aquel consejo de administración del 6 de junio donde los propios consejeros del Popular se hacen el harakiri y deciden -sic- que su banco es inviable. En definitiva, el argumento al que ahora se aferra Ana Botín.

Jamás un banco ha quebrado por falta de liquidez, sino por insolvencia. Menos que nunca en 2017, con un regulador dispuesto a inyectar liquidez a precio de risa. Aquello no fue más que una excusa para intervenir el Popular

Pues bien, en ese consejo actuó como ariete el propio presidente del banco, Emilio Saracho, quien, según declaraciones de distintos directivos del Popular, en sede judicial, llevaba meses denigrando... ¡al propio banco que presidía! 

Saracho se había llevado con él, como gran asesor jurídico externo, a los abogados de Uría y Menéndez, el bufete habitual del Santander.

Pues bien, ese día, 6 de junio del 17, el equipo de Uría y Menéndez, capitaneado por Juan Miguel Goenechea Domínguez, fuerzan al Consejo (ver documento adjunto) a que se suicide, a que declare la inviabilidad del banco bajo la promesa de que la autoridad regulatoria se hará cargo del mismo. Es más, los UyM advierten a los consejeros del Popular que, si no lo hacen, entonces sí que podrían toparse con responsabilidades civiles y penales.  

Es más, afirman que no hay riesgo de disolución de la entidad. Pues bien, el proceso de disolución del Santander comenzaría un día después de que el Santander tomara el control.

De esa sesión del curioso Consejo, sale una carta por la que Saracho comunica al BCE que el banco es inviable. Vía libre para el secuestro. 

Pero hay un vocal que no está de acuerdo. Es precisamente Jaime Ruiz, representante y familiar del mexicano Antonio del Valle, uno de los principales accionistas individuales, el hombre que conspiró contra Ángel Ron y buscó a Emilio Saracho para sucederle. Dos meses después, en agosto, Jaime Ruiz, es decir, Antonio del Valle, se fue a un notario de Madrid para dejar por escrito (ver documento adjunto) que le engañaron, que la decisión de Saracho de declarar inviable a la entidad es nula de pleno derecho. Seguramente buscaba que el Santander le indemnizara, pero Ana Botín ya había decidido que no habría indemnización para nadie o debería haberla para todos, y que un juez podría decidir que esa indemnización no ocurriera a cargo de Europa sino del principal agraciado con aquella lotería: el Santander, quien se había quedado con la entidad por 1 euro. El trato lo había hecho la JUR, el Gobierno Rajoy se había tragado el sapo como un verdadero idiota y, por tanto, el Santander no tenía que indemnizar a nadie. Tampoco a Antonio del Valle.

Pero cuidado, ya obran en mano del mismo notario de Madrid, Pérez Escolar, otras cinco actas de otros tantos consejeros asegurando que les engañaron y que firmaron la declaración de inviabilidad, en el Consejo del 6 de junio de 2017, bajo unas amenazas que luego supieron falsas.

Más: la presidenta del Santander, el pasado viernes 31, ante sus accionistas, aseguró, y ahí se aproximó más a la ausencia de verdad, que en cuanto entró en el Popular, pudo darse cuenta de que la inviabilidad aducida era cierta y aseguró que se vio obligada a anunciar una ampliación de capital de 7.500 millones de euros. Señora Botín, ¿no sería, más bien, que el necesitado de ampliación era el Santander y que usted aprovechó que se había hecho con el Popular por un euro para convencer al mercado de su ampliación?

No fue por el Popular, sino gracias al Popular, por lo que el Santander logró que el mercado apoyara la ampliación de capital que necesitaba, antes que nadie, el Santander

A todo esto, no se olviden que en el siglo XXI, un banco nunca quiebra por falta de liquidez. Lo que sobra es liquidez y si una entidad es solvente y sufre una repentina falta de tesorería, se la proporciona el BCE de forma inmediata. Los bancos quiebran por insolvencia, y el Banco Popular era solvente. 

En cualquier caso, Antonio del Valle ha mantenido en secreto durante tres años su declaración notarial, con la esperanza de que el Santander le indemnizara. Cuando el Santander dijo que no, Valle lo ha filtrado. Y como ya he dicho, hay otros cinco actas notariales de otros tantos consejeros que viene a decir que les engañaron. Según el equipo jurídico del propio Antonio del Valle, entre ellos se encuentra la consejera Reyes Calderón, en su día la mayor conspiradora contra Ángel Ron... ¡en representación del mexicano Antonio del Valle! Y con él, una de las principales responsables de traer a Saracho a la Presidencia. 

Y entonces, ¿por qué esta media docena de consejeros no hacen pública su postura y sus actas notariales con más entusiasmo? Pues, por ejemplo, José María Arias Mosquera, presidente de la Fundación Barrié de la Maza, dueña del desaparecido Banco Pastor, cobra del Santander 6,5 millones de de alquiler anual por su antigua sede del Pastor, en un edificio que no se utiliza.  

O Helena Revoredo, otro acta notarial, dueña de Prosegur, empresa que trabaja para el Santander, uno de sus principales clientes.  

Y el propio Antonio del Valle, hombre muy ligado a la galaxia Carlos Slim, el hombre más rico de México y una de las principales fortunas del mundo, que mantiene una exquisita relación comercial, cada día más intensa, con Ana Botín.

En cualquier caso, el Popular continuaría hoy en pie, como uno de los bancos más rentables del sistema, si no fuera por el papel de ese submarino saboteador que fue Emilio Saracho. Y en la reciente Junta del Santander, Ana Botín dijo la verdad, nada más que la verdad, pero no toda la verdad.