El mensaje oficial del Banco de España a las entidades, el que trasladan tanto el gobernador Pablo Hernández de Cos como su número dos, Margarita Delgado, en sus intervenciones públicas, es de prudencia. Concretado: que tengan cuidado, no sólo de aumentar el dividendo o lanzar campañas comerciales excesivamente agresivas, sino con remunerar el pasivo, una práctica desechada durante los años de tipos negativos, pero que ahora vuelve a estar en la agenda de las entidades.

De puertas a dentro, sin embargo, el BdE se ha mostrado más contundente y ha amenazado a los bancos con exigirles más provisiones. Por supuesto, la que carga con el coste reputacional, principalmente de cara a los accionistas, es la propia entidad. Y cuidado, porque si hacen oidos sordos, la siguiente recomendación/amenaza podría venir de Fráncfort en forma de mayores exigencias de capital.

El horno no está para bollos, aunque lo cierto es que, de momento, no se nota y los resultados de los bancos en el tercer trimestre -Bankinter inaugura las presentaciones el jueves 20- será muy bueno. Ahora bien, el supervisor ha advertido de que, en el contexto actual de ralentización de la economía unida a una inflación disparada y persistente, el 15% de las hipotecas es vulnerable, es decir, puede entrar en mora en 2023.

No es un porcentaje excesivo, pero la factura final del sector sí puede ser elevada o lo suficientemente importante como para tenerla en cuenta. Nadie espera que la morosidad alcance los niveles de la pasada crisis financiera, pero tampoco que la situación de las entidades sea en 2023 tan positiva como la actual.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía ha propuesto al sector -jueves 13- congelar los intereses hipotecarios durante un año. Tras justificar el impuestazo a la banca por los supuestos beneficios caídos del cielo que percibirá el sector tras la subida de tipos, el Gobierno pretende ahora, y al mismo tiempo, que limiten esos beneficios. Es genial.