ArcelorMittal ya tiene otra excusa para extender el síndrome de Nowa Huta: su filial ArcelorMittal España entró en pérdidas en 2022, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil a las que ha accedido El Economista. Recuerden que al presidente ejecutivo del gigante siderúrgico mundial, Lakshmi N. Mittal, se le puede conocer por ser un gran despedidor, pues en la citada la ciudad polaca que se levantó junto a Cracovia (siguiendo el modelo soviético y siendo un reconocido experimento de la ingeniería socialista) compró la acerera cuando cayó el comunismo y redujo la plantilla de 40.000 trabajadores a 10.000.

Al líder siderúrgico, controlado por la familia india Mittal, no le fue nada bien en 2022 por los mayores costes. Si el conjunto del grupo redujo su beneficio neto un 37,8%, la sociedad que agrupa la mayor parte de su negocio en España ha entrado en pérdidas. Y todo esto coincide con el hecho de que mantiene a sus 8.300 empleados en España en ERTE hasta 2024; y de que el Gobierno Sánchez le ha otorgado 450 millones de euros en ayudas públicas (que está en trámites de recibir), aprobadas por la Comisión Europea, para descarbonizar sus plantas de Asturias y País Vasco a través de la producción de acero verde con la ruina del hidrógeno verde. Además, ha recibido otras subvenciones, por ejemplo, por los derechos de emisión de CO2, partida que ha pasado de 183,5 millones a 478 millones).

A pesar de las pérdidas, los ingresos de ArcelorMittal España ascendieron a 4.887,7 millones, frente a los 3.805,7 millones obtenidos en 2021. Y es que tuvo que hacer algunas paradas de producción por el fuerte aumento de costes (+24%, en materias primas y aprovisionamientos, así como en transporte, principalmente, porque los costes salariales bajaron un 6,4%, a 421 millones; y el ERTE ahorró 2,3 millones) y las limitaciones logísticas.

El primer trimestre para el líder mundial de la siderurgia no empezó con buen pie, pues en el primer trimestre su resultado se desplomó un 73,4%. Para el conjunto del año prevé un aumento de la demanda, pero ojo, porque el caso de los 450 millones de ayudas públicas, a las que siguieron ayudas públicas, es llamativo y hasta el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha mosqueado con el Ministerio de Industria y le ha pedido más detalles.