Los 10.471 millones de euros que España va a destinar a gasto en Defensa sí tendrán impacto en las cuentas públicas. “En términos presupuestarios puede parecer un simple traspaso de partidas, pero en términos de déficit y deuda no lo es”, afirmó este martes Cristina Herrero, desmintiendo así a Pedro Sánchez, que aseguró que ese gasto adicional no afectaría a las cuentas públicas.
Sí que lo hará, concretamente, elevará el déficit público de 2025 del 3,7% al 4,1%. No sólo eso, para hacer frente a ese gasto adicional, el Gobierno tendrá que aumentar los ingresos o recortar otras partidas de gasto. Apuesten por la primera opción, la más habitual, por no decir la única, del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Durante su intervención en el Curso de verano de la UIMP y la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), en Santander, Herrero anunció el lanzamiento de ‘Divulga’, una web en la que la organización explicará, por ejemplo, qué se puede considerar gasto público superfluo. Pues bien, preguntada por esto, Herrero aseguró que no se puede concluir que en España hay entre 40.000 y 60.000 millones de euros de gasto superfluo, tal y como se desprende de algunos informes elaborados por organizaciones independientes.
No se puede hablar, por tanto, de gasto superfluo, sino de prioridades del gasto público. Ahora bien, los hechos chocan con la apreciación de Herrero. Bastan unos pocos ejemplos recientes: los 16.000 euros que se ha gastado la ministra de Sanidad, Moni García, en la carroza del Orgullo. O los 120.000 euros gastados por la ministra Ana Redondo para acabar con frases como “es un trabajo de chinos” o “vivimos como gitanos”, por racistas. O los 125 euros que el Gobierno de Galicia dará al que quiera adoptar un gato.
Y así podríamos seguir hasta el infinito y más allá. ¿Son cantidades pequeñas? Sí, pero son gastos superfluos que no deberían producirse. Porque el dinero público sí tiene dueño: los contribuyentes.
