Han pasado más de siete años de la privatización del 49% de AENA, que se llevó a efecto con la salida a bolsa de dicha parte del capital el 10 de febrero de 2015. Mucho se ha hablado de que se malvendió esta parte del gestor aeroportuario español y en Hispanidad se ha referido en bastantes ocasiones, pero ahora el tema cobra de nuevo actualidad, porque se ha pedido una comisión en el Senado que investigue dicho proceso, del cual se aprovecharon José Manuel Vargas, Christopher Hohn, varios fondos de inversión y accionistas privados.

La petición ha partido de gran parte de la izquierda -sin PSOE y Unidas Podemos-, en concreto, los grupos de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més Per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera), a la que se han unido gran parte de los nacionalistas -excepto los vascos- (Junts per Catalunya y Coalición Canaria) y el grupo parlamentario que forman ERC y los proetarras de EH Bildu. En concreto, 27 senadores de los 264 (208 electos y 56 designados) que hay en total.

Se trata de una petición de 27 senadores de los 264 (208 electos y 56 designados) que hay en total. Y ninguno es de PSOE ni de PP, que son los partidos con mayor representación en la Cámara Alta: 112 y 101 senadores, respectivamente

En su petición, los citados senadores señalan, entre otros aspectos, que “AENA se vendió por el 70% de los dividendos que ya ha generado en cuatro años” y que esto “es un escándalo a juicio de muchos expertos que debemos analizar en las Cortes”. También se alude a que “el precio de venta de la OPV (58 euros) se ha más que doblado en bolsa, lo que siembra dudas sobre una infravaloración que ha hecho perder a las arcas públicas mucho dinero. El expolio de AENA vía ENAIRE por el Partido Popular con una ley de 2010 del PSOE es un tema muy escandaloso que nadie investiga”, han subrayado. De hecho, AENA cotiza actualmente en unos 135 euros y en 2019 repartió el mayor dividendo de su historia (6,93 euros por acción), con cargo a los resultados del año anterior.

“Las valoraciones que se hicieron de la empresa fueron manifiestamente incorrectas a tenor de su evolución en la bolsa. Hay quien ha sacado mucho beneficio de este proceso, desde grandes fondos a particulares muy bien informados que han hecho inversiones con muy poco riesgo sacando altos beneficios”, han referido los 27 senadores citados. Recuerden que el primer Gobierno de Mariano Rajoy fue el que se planteó la privatización del 49% del gestor aeroportuario que entonces presidía José Manuel Vargas, quien contaba con el apoyo de Ana Pastor, entonces ministra de Fomento. En octubre de 2014, Vargas hizo la primera valoración de la compañía en 4.500 millones de euros y empezaron las dudas: la cifra estaba lejísimos de los 19.000 millones en que la compañía fue tasada por la consultora estadounidense A.T. Kearney en 2011, cuando se intentó adjudicar en concesión los aeropuertos de Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat; y a años luz del peritaje que hizo la consultora McKinsey en 2007, el momento de mayor pujanza del transporte aéreo en España, cuando valoró la compañía en 31.000 millones. Al final, las fuertes dudas provocaron que Vargas rectificara y realizara una segunda valoración, que se situó en los 8.700 millones y así debutó en bolsa a un precio de 58 euros por acción, claro que tres meses después, la capitalización superaba los 11.100 millones, demostrando lo equivocados -y hasta sospechosos- cálculos de Vargas, pero esto no fue motivo para que dimitiera, algo que decidió personalmente a finales de septiembre de 2017, tras años ganando un jugoso sueldo (superior a 100.000 euros).

La primera valoración de AENA fue de 4.500 millones de euros, lejísimos de los 19.000 millones en que fue tasada por la consultora A.T. Kearney en 2011 y del peritaje de la consultora McKinsey en 2007 valorándola en 31.000 millones. Al final, Vargas rectificó e hizo una segunda valoración que se situó en 8.700 millones 

Entre los que se aprovecharon de la privatización del 49% de AENA está el propio Vargas, que un mes después del debut en bolsa, se convirtió en socio director de la firma gestora de capital privado creada en 1995 Rhône Capital, de la que era asesor senior desde 2006. Actualmente, esta firma es el principal accionista del fabricante de piscinas Fluidra y del gigante español de explosivos Maxam, del que Vargas se convirtió en presidente y CEO hace dos años. También sacó provecho de la privatización el multimillonario británico, Christopher Hohn, fundador del fondo The Children’s Investment Master Fund (TCI), aunque en los últimos años ha reducido su participación en AENA (ahora tiene el 6,575% -3,607% de forma indirecta a través de TCI-; otros fondos de inversión (por ejemplo, BlackRock, el colonizador del Ibex) y accionistas privados.

“Según fuentes conocedoras de la operación en AENA se pueden haber regalado 8.600 millones que ha sido un gran negocio para los poderosos fondos de inversión. El Estado obtuvo unos 4.263 millones por la privatización del 49% de AENA, lo que suponía valorarla unos 8.700 millones de euros”, han destacado los 27 senadores. Además, la acción no ha hecho más que revalorizarse muy por encima del Ibex 35 hasta que llegó la pandemia del Covid-19, y “el Estado obtuvo en cinco años 2.100 millones vía dividendos y los accionistas privados, 2.200 millones, más de la mitad de lo que invirtieron. Ese dinero tendría que ser de todas y todos y ha sido de unos pocos”, han añadido.

“Si el Estado no hubiera dado ese paso en el 2015, AENA seguiría siendo pública y todos los beneficios repercutirían en el bien común. La cantidad que se ingresó por la venta fueron igualados en dividendos en los siguientes cuatro ejercicios”, han subrayado desde el sindicato Alternativa Sindical AENA/ENAIRE (ASAE). Por eso han manifestado que “es necesario aclarar quién salió beneficiado de la venta y pedir responsabilidades”. Sin embargo, tras haber pasado más de siete años de los hechos, parece poco probable que dicha comisión vaya a tener éxito, además, ahora todo depende de la Mesa del Senado, que en su próxima reunión (el martes 14) debe decidir si el tema se debate y se vota en el próximo pleno (fijado para los días 21, 22 y 23) de esta cámara, o se hace en otro… o no se hace.