Sara Aagesen alarga aún más su caradura y obsesión antinuclear. En declaraciones a los medios de comunicación, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presumido de que las tres energéticas propietarias de la central nuclear de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) han renunciado a la rebaja fiscal para una energía que es la segunda fuente de electricidad de nuestro país y lo hace sin emitir CO2. Al mismo tiempo, ha destacado que sólo han solicitado la extensión de la central extremeña hasta 2030 y que se trata de una “solicitud sin condiciones”.

Unas declaraciones apenas 24 horas después de referir que no había recibido solicitud de las energéticas para extender la operación de la central de Almaraz. Claro que poco después, su propio Departamento salía presto a rectificar, e informaba de que había recibido “la petición formal de la Junta de Administradores y la Asamblea de Socios de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) para modificar la autorización de explotación de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz y extender su operación hasta junio de 2030”. Asimismo, dicho Ministerio apuntaba a que “dará traslado de la petición al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al objeto de que el Regulador pueda valorar la solicitud y emitir su preceptivo informe”.

Desde CNAT se ha reiterado su compromiso para seguir operando Almaraz “de forma segura, fiable y eficiente, manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo” -de hecho, hace unos meses, fue colocada en el nivel 1 de exigencia de la industria nuclear, según la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO)-. Aagesen debería recordar mucho más que Almaraz suministra más del 7% de la luz que se consume en España (lo que equivale a 4 millones de hogares), emplea a unas 4.000 personas y es el motor socioeconómico de su entorno y una de las mayores industrias de Extremadura.

Pero este viernes, la vicepresidenta tercera ha preferido mostrar su caradura, llegando a subrayar que la posición del Gobierno “no se ha movido en ningún momento”, sino que lo han hecho las compañías porque acordaron el calendario de cierre de las nucleares en 2019. Oiga, no olvide que el mundo ha cambiado, y mucho, desde entonces (Covid, Filomena, guerra de Ucrania, conflicto en Gaza, apagón en la Península Ibérica...), y que ya se ha visto el grave error que ha cometido Alemania al cerrar sus reactores, disparando el uso del carbón y del gas, y con ello las emisiones de CO2 y los precios de la electricidad. Además, no dejan de llegar advertencias de organismos, energéticas y expertos (entre ellos, el exministro socialista Jordi Sevilla y Fedea) pidiendo rectificar en el plan de cierres. 

Una caradura que se sustenta en “tres líneas rojas” y en demasiada demagogia y manipulación. Aagesen está muy feliz de que Iberdrola, Endesa y Naturgy hayan renunciado a la rebaja fiscal para una energía que soporta elevados y redundantes impuestos, y encima se permite afirmar que el Gobierno no iba a permitir que los contribuyentes corrieran con los costes de la extensión de la vida útil. Esto último no iba a ocurrir en ningún caso, porque las propietarias de las nucleares no sólo corren con el pago de impuestos, sino con los costes de su futuro desmantelamiento. Claro que Aagesen sigue echando balones fuera, porque el Gobierno no se pronunciará hasta que lo haga el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su informe.

Alfredo García (Más conocido en la red social X como Operador Nuclear) es ayudante de jefe de turno en la central nuclear de Ascó, tiene licencia de operador de reactor y supervisor, y también es ingeniero de Telecomunicaciones, licenciado en Comunicación Audiovisual y divulgador científico. En X ha explicado la solicitud que CNAT ha hecho al Ministerio que dirige Aagesen y también por qué sólo se ha pedido la autorización de extender su funcionamiento hasta junio de 2030, por ahora. 

 

 

En paralelo, en el Senado, el PP ha presentado una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible para alargar la vida de los reactores con fecha de cierre más cercana (Almaraz I y II, Ascó I  y Cofrentes) y habilitar a sus titulares a solicitar nuevas prórrogas con 18 meses de antelación. No hay que olvidar que esta proposición de ley, como el resto, con sus enmiendas, después se votarán en el Congreso... donde el PP no tiene mayoría, como sí sucede en la Cámara Alta.