El Gobierno presume de que sus Presupuestos son muy sociales, algo que suena muy bien, aunque la realidad no es tan bonita, o sea, que no es oro todo lo que reluce. Sangrará a los ‘pérfidos’ especuladores con un nuevo impuesto con el que prevé recaudar 850 millones de euros y a los trabajadores con 9.269 millones más.

Lo explicamos. El Consejo de Ministros ha aprobado el Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF): un tributo indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan, siempre que sean empresas cotizadas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones (unas 60, en total). El sujeto pasivo es intermediario financiero que transmita o ejecute la compra y deberá presentar una declaración anual de impuesto.

El Impuesto sobre Transacciones Financieras afectará a la compraventa de acciones de 60 cotizadas que capitalizan más de 1.000 millones

Entre las adquisiciones que quedan exentas del gravamen, están: las del mercado primario (aquel que crea empleo y afecta a la actividad productiva), las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se hagan entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal. Por tanto, se centrará más en el mercado secundario, aquel que no ayuda ni al empleo ni a la actividad de la sociedad, sino que se trata fundamentalmente de especulación.

En el Gobierno, donde impera el optimismo, prevén recaudar 850 millones por el ITF, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social. Pero ojo, porque esta cifra servirá de poco en cuanto a ayudar a sostener el sistema porque sólo supone una novena parte de la nómina mensual de pensiones (9.317,9 millones, según el último dato oficial correspondiente al pasado diciembre).

La nómina mensual de pensiones sigue sumando récords cada mes, el último en diciembre, donde ascendió a 9.317,9 millones

Sin embargo, la sangría a los trabajadores y empleadores es mucho mayor. De hecho, el Gobierno prevé ingresar 123.584 millones por cotizaciones sociales, un 30% más que por IRPF y por IVA. En concreto, la cifra es un 7,5% superior a la de hace un año, que tras los consiguientes cálculos, fue de unos 114.315,2 millones. Por tanto, la recaudación se incrementa nada más y nada menos que 9.268,8 millones para empresas y trabajadores.

Muy sociales estos Presupuestos, sí señores.