Parece que para Pedro Sánchez y el PSOE, la Guardia Civil se ha convertido en enemigo. Así lo demuestran varios hechos ocurridos después del pasado 2 de junio, fecha en la que el líder socialista se convirtió en presidente del Gobierno.

En primer lugar, el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska dejó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sin fondos reservados. Esto provocó que se vieran afectadas algunas investigaciones, entre ellas, las 77 causas por corrupción abiertas contra el PSOE y presuntos delitos cometidos por los políticos catalanes relacionados con el referéndum ilegal del 1-O, según Periodista Digital.

La falta de fondos en la UCO afecta a investigaciones como 77 causas por corrupción del PSOE y presuntos delitos de los políticos catalanes relacionados con el 1-O

En aquel momento, al mando de la UCO estaba el coronel Manuel Sánchez Corbí que no ocultó las consecuencias que la falta de fondos podía tener. Y sus críticas le acabaron costando la destitución: Interior aludió a la “pérdida de confianza” como motivo. Una noticia que sorprendió bastante dentro de la Guardia Civil, como recogió El Mundo, pues a pesar del carácter peculiar del citado coronel, todos reconocían su osadía ante el mando a la hora de afrontar cuestiones internas y el ponerse en primera línea para defender a “su gente”. El sustituto de Sánchez Corbí es el coronel Francisco Javier Sánchez Gil, que lleva en el Instituto Armado desde 1985 y desde marzo de 2017 era jefe de la Agrupación de Reserva y Seguridad, tras haber estado al mando de la Unidad Especial de Intervención (UEI).

Segundo. El pasado 26 de julio, 22 agentes de la Guardia Civil fueron atacados -algunos de ellos con cal viva- por parte de 600 inmigrantes irregulares que saltaron la valla de Ceuta. Sin embargo, Sánchez no mencionó nada en su Twitter ni ese día (parece que estaba muy ocupado con motivo de sus reuniones con el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, y con el de Francia, Emmanuel Macron) ni los siguientes. Es más, el pasado 3 de agosto, cuando Sánchez compareció en rueda de prensa antes de las vacaciones, afirmó que en sus dos meses de mandato no había tenido “ningún disgusto” y no mostró su apoyo a los agentes heridos, destacó Caso Aislado.

22 agentes de la Guardia Civil fueron atacados por inmigrantes irregulares, pero Sánchez no dijo nada ni siquiera en Twitter

En tercer término, cabe destacar que Sánchez permitirá reducir el número de guardias civiles en el País Vasco, como ha informado Ok Diario. Es parte del precio a pagar para agradecer el apoyo del PNV a la moción de censura contra Mariano Rajoy que le encumbró a La Moncloa. El partido que preside Andoni Ortuzar y que manda en el País Vasco quiere dejar los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional (ahora son 2.300 y 1.300, respectivamente) en números “residuales”, como avala el artículo 17 del Estatuto de Guernica y el acuerdo de 1989 sobre Delimitación de Servicios entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Autónoma Vasca, defendiendo el papel principal de la Ertzaintza​​.

Y ojo, porque el recorte de efectivos no es algo nuevo ni exclusivo del País Vasco: entre los años 2012 y 2017, el País Vasco ha perdido 750 agentes; Navarra, unos 300 y Cataluña, 204, según datos recogidos por ABC. Asimismo, se han desmantelado 15 cuarteles en toda España, siendo Cataluña la región con el mayor número de cierres (7) y en pleno auge del desafío independentista.

Menos guardias civiles y policías en el País Vasco, y apoyar la ley vasca de abusos policiales son parte del precio a pagar  al PNV

Pero el ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte del Gobierno Sánchez no acaba aquí: no hay que olvidar la ley vasca de abusos policiales, que evalúa, entre otros, a posibles víctimas de estas prácticas que no han sido condenadas por la Justicia. El Gobierno de Rajoy interpuso un recurso contra la creación de una “comisión de evaluación” para realizar interrogatorios e investigaciones, pero Sánchez ha retirado dicho recurso. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) responderá en septiembre con una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que, a su vez, eleve la cuestión al Tribunal Constitucional y la declare inconstitucional. Además, el SUP estudia emprender acciones legales contra el Gobierno socialista por un delito de prevaricación, como informó Libertad Digital. 

Pero, ¿qué razones tienen Sánchez y el PSOE para hacer todo esto con la Guardia Civil? No se sabe, aunque quizás pueda tener algo que ver el hecho de que la UCO sacara a la luz el famoso caso de los EREs de Andalucía… Además, a lo largo del proceso judicial, agentes de esta unidad han declarado que las ayudas eran ilegales y que eran conocidas por el Consejo de Gobierno de la Junta (ver vídeo), tumbando los argumentos de defensa que tanto Pedro Sánchez como Susana Díaz habían hecho para exculpar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Y ante toda esta campaña contra la Guardia Civil, es normal que se pida el apoyo a la opinión pública. En concreto, tras el ataque a los agentes en Ceuta, CitizenGO lanzó una recogida de firmas (que ya cuenta con 49.870) y pide al ministro Grande-Marlaska apoyo para que sucesos como los del pasado 26 de julio no vuelvan a suceder.