• Los expertos dicen que el caso Iguala no está concluido y que hacen falta "más evidencias".
  • La intervención de este grupo de expertos fue impulsada por familiares de los jóvenes, quienes no confían en las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría (fiscalía) General de la República, y en su versión aceptada por el Gobierno mexicano.
  • La versión era que los estudiantes de magisterio fueron masacrados por un grupo del crimen organizado y sus cuerpos calcinados en un basurero del pueblo vecino de Cocula.

Quizá al Gobierno mexicano que preside Enrique Peña Nieto le interesaba dar por cerrado el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala (Estado de Guerrero) el pasado 26 de septiembre.

Pero parece que no va a ser así: un grupo de juristas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que el caso no está concluido y que es necesario recoger más evidencias para conocer qué pasó con ellos, publicó Reuters.

La versión de la Procuraduría (fiscalía) General de la República, (PGR), y aceptada por el Gobierno mexicano, es que los estudiantes de magisterio, detenidos por la policía el 26 de septiembre en la sureña ciudad de Iguala y entregados a un grupo del crimen organizado -Guerreros Unidos-, fueron masacrados por éste y sus cuerpos calcinados en un basurero del pueblo vecino de Cocula.

Hasta el punto de que el entonces procurador (fiscal federal), Jesús Murillo Karam, dijo que esa era "la verdad histórica" de los hechos.

Sin embargo, los expertos dijeron que es necesario recoger más evidencias utilizando tecnología satelital para obtener fotografías más detalladas del basurero, entre otras medidas, al tiempo que exhortaron a que continúen las acciones de búsqueda de los jóvenes.

La intervención de este grupo de expertos, integrado por renombrados ex fiscales extranjeros como la colombiana Angela Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz, fue impulsada por familiares de los jóvenes, quienes no confían en las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría (fiscalía) General de la República, (PGR) y aceptada por el Gobierno mexicano.

"El proceso sigue y mientras el proceso siga no hay absolutamente ninguna decisión (...) de aceptar como única una versión. Las hipótesis están sobre la mesa, las hipótesis se están verificando", dijo Buitrago en una rueda de prensa.

El caso de los estudiantes sacudió al Gobierno mexicano y dejó en evidencia el grado de infiltración de los cárteles del narcotráfico en los cuerpos policíacos, así como las matanzas de estos grupos sobre todo en el sureño estado de Guerrero, donde se ubica Iguala.

Así pues, el caso Iguala se reabre otra vez, para desgracia del Gobierno mexicano. Aunque la versión oficial es que la reapertura del caso es compartida por la Procuraduría (fiscalía) General de la República, de la que hace poco el presidente Enrique Peña Nieto relevó a Murillo Karam y nombró en su lugar a la entonces senadora Arely Gómez.

José Ángel Gutiérrez
joseangel@hispanidad.com