La huelga de taxistas continúa en Madrid y ya lleva cinco días. Este viernes, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han acordado un borrador para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC) ante la inacción de Fomento, que debería reestructurar el taxi -cuyo modelo de negocio se ha desvirtuado bastante de su origen-. 

Comunidad y Ayuntamiento de Madrid quieren regular en función de una distancia mínima entre el coche que se pide y el cliente que lo solicita, en vez de hacerlo por precontratación (como Barcelona, donde la huelga de taxis ha terminado, pero los VTC siguen de protestas -ocupando la Diagonal y manifestándose-). Y es que en esto último había “un desacuerdo absoluto y podía llevar a reclamaciones multimillonarias, tal y como ha advertido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)”, ha señalado el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido. Por su parte, la alcaldesa, Manuela Carmena, ha apuntado la posibilidad de que durante los fines de semana sólo pudieran circular la mitad de los VTC que tienen licencia en la capital.

La precontratación "podía llevar a reclamaciones multimillonarias", señala Garrido y Carmena propone que los fines de semana sólo circulen la mitad de los VTC

Pero conviene destacar que la huelga de los taxistas ha destapado, de nuevo, la caja de los truenos y como siempre, el que ha pagado el pato ha sido el ciudadano, convertido en rehén. 

Es cierto que estos profesionales tienen razones para quejarse porque se ha roto la norma de una licencia VTC por cada 30 de taxi. Por ejemplo, en Madrid, hay 6.559 VTC (casi uno por cada dos taxis), según datos de Fomento y en Barcelona, 2.283 (uno por alrededor de cada cinco taxis). 

En Madrid hay un VTC por cada dos taxis y en Barcelona, uno por alrededor de cada cinco taxis 

Sin embargo, en el taxi tampoco es oro todo lo que reluce. El Departamento de José Luis Ábalos debería dejarse de pasar la “patata caliente” a las autonomías y reestructurar el taxi, pues ya no es sólo el negocio de un propietario. Algunos aún lo siguen siendo, otros han contratado un conductor -una opción que está bien-, pero el problema viene con las licencias de los taxistas jubilados, como muy bien reflejó un reportaje del programa En el punto de mira emitido en 2017 (pero no por ello ha dejado de ser actual).

El problema viene con las licencias de los taxistas jubilados: muchos optan por la vía ilegal de subarrendarlas a una empresa a cambio de dinero, al tiempo que cobran la pensión 

En España, las licencias de taxi cuestan unos 120.000 euros y cuando su dueño se jubila tiene varias opciones permitidas: devolverla al ayuntamiento, venderla, dejarla en herencia o mantenerla (contratando a un conductor y renunciando a parte de la pensión). El problema es que muchos han optado por otra vía, a pesar de que es ilegal: subarrendar la licencia a una empresa a cambio de dinero, al tiempo que siguen cobrando la pensión… Por tanto, está recibiendo dinero negro. Pero además, esto se ha convertido en un negocio para muchas compañías, por lo que el taxi ya no es sólo el negocio de un propietario.