El conflicto laboral contra Endesa visto en su Junta de Accionistas va a más, mientras ha empezado la cuenta atrás para la próxima reunión de negociación del convenio colectivo (será el 14 de mayo). Tras el fin de los beneficios sociales de trabajadores pasivos y activos, avalado por la Audiencia Nacional en su sentencia del pasado 26 de marzo, que ya ha sido recurrida por los sindicatos, un particular ha emitido una queja ante el CGPJ por un presunto delito de prevaricación y cohecho. Recuerden que el fin de estos beneficios sociales suponía acabar con los descuentos en la tarifa eléctrica, a pesar de que era salario en especie acordado cuando sus antiguas empresas fueron absorbidas por Endesa y después, cuando esta fue comida por Enel, seguían en vigor; a lo que se suma el recorte de derechos de los empleados actuales por la falta de un nuevo convenio. 

Dos dias después del juicio de los sindicatos contra Endesa, Carolina San Martín impartió una charla remunerada en el Centro de Estudios Sagardoy

En concreto, dicha sentencia fue dictada en la Sala de lo Social de la AN por su presidenta, Emilia Ruíz Jarabo (quien emitió un voto particular), y los magistrados Ramón Gallo Llanos y María Carolina San Martín Mazzucconi. La queja particular se centra en esta última porque lleva ocho años colaborando con la sociedad Sagardoy Abogados, la misma de la que forma parte el letrado José Luis Fraile, quien representó a Endesa en el juicio con los sindicatos celebrado el 13 de marzo. Paradójicamente, esta magistrada dio una charla remunerada dos días después del juicio en el Centro de Estudios Sagardoy y nueve días antes de que se emitiera la citada sentencia.

El particular que ha presentado la queja ante el CGPJ entiende que podría existir un delito de cohecho y otro de prevaricación, pues "se han violentado e incumplido los artículos 217 y 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". Conviene destacar que la sentencia contribuye al vaciamiento de la rentable Endesa vía dividendo... que se llevan los italianos de Enel.