Después de que Europa se haya escandalizado por la ley Celaá y de que emplace a la ministra a que certifique que su ley no vulnera la libertad de enseñanza. Ahora, aquí, en España, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por Vox y el Partido Popular contra la Lomloe. Según informan fuentes jurídicas a El Mundo, el Pleno, por unanimidad de sus magistrados, ha acordado estudiar la constitucionalidad de la octava ley educativa de la democracia, la que, por otra parte, ha generado más controversia, política y social. 

Entre los puntos más polémicos de la ley Celaá se encuentra: la asfixia a la escuela concertada (donde estudia el 25% del alumnado) -pero Celaá se afana en afirmar que no existe tal asfixia-, la eliminación de la demanda social por la que los padres solicitan que se ubiquen centros escolares concertados en su zona o el 'premio' a la pereza a la hora de que los alumnos aprueben.

Por su parte, el PP denunció, precisamente, que la ley promovida por el Gobierno de coalición vulnera la libertad de los padres a elegir centro para los hijos y que incumple la obligación del Estado de reconocer el carácter vehicular al castellano como lengua oficial.

Mientras, Vox solicitó al tribunal de garantías que anule los apartados de la ley referidos a la educación concertada, la educación especial y la lengua española.