Como recogió Hispanidad, el pasado 9 de diciembre la Sala Segunda del Tribunal Supremo notificó la sentencia que condenaba por revelación de datos reservados al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo electrónico del abogado de Alberto González Amador y por la nota de prensa emitida por la Fiscalía. 

En su resolución, el tribunal consideraba probado que fue García Ortiz, o una persona de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo electrónico y, respecto a la nota de prensa en la que se recogía la propuesta de conformidad de González Amador con reconocimiento de dos delitos, subrayaba que el propio acusado admitió su intervención en la misma. La Sala recuerda que el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, y destacaba que sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación, recogía la nota de prensa del CGPJ. 

La pena impuesta a García Ortiz consistió en dos años de inhabilitación especial para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado; una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 € a favor de Alberto González Amador por daños morales. 

El Alto Tribunal también dejaba en manos de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, su posible expulsión de la carrera judicial, con estas palabras: "No nos corresponde dilucidar las consecuencias extraprocesales de la condena, que se mueven en otro plano".  

¿Qué hará ahora Teresa Peramato, tras proclamar su "admiración" y "respeto" por García Ortiz? ¡Bingo!, lo han adivinado: no le expulsará de la carrera judicial. 

En este contexto, la  Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha emprendido una campaña en change.org para pedir al indulto al exfiscal general como un "necesidad democrática". 

Esta campaña es apoyada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF), una asociación de fiscales minoritaria:

Al parecer, a ambas instituciones no les parece "democrática" una sentencia de una institución como el Tribunal Supremo, que ocupa un lugar fundamental en uno de los tres pilares del estado de derecho, el poder judicial. En cualquier caso, las sentencias no tienen que ser democráticas, sino ajustadas a derecho.

Pero a estos niveles de sectarismo hemos llegado en este país.

Por cierto, el CGPJ que dirige Isabel Perelló, también presidenta del Supremo, sigue sin defender al Tribunal Supremo ante este tipo de campañas que está sufriendo.