El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la propuesta para reforma el copyright o derechos de autor en Internet, pero no acaba con una antigua polémica. De momento, el combate se ha saldado, tras tenso y largo debate, con el apoyo de 438 europarlamentarios, frente al rechazo de 226 y 39 abstenciones.

Los principales puntos de fricción, como en julio -la propuesta fue rechazada-, han sido los artículos 11 y 13, que obligarían a las grandes tecnológicas (Google, su filial YouTube o Facebook), por un lado, a desarrollar filtros de control en los contenidos que comparten, y por otro, a proteger los contenidos con más garantías que las actuales. También se incluye un pago a los creadores, llegado el caso, por la difusión.

Esos dos artículos fueron considerados por los internautas, en julio, como “la mayor amenaza a Internet desde su creación”. El ponente de la directiva, Axel Voss (en la imagen), del Partido Popular Europeo (PPE), ha celebrado la victoria porque el objetivo no es otro que “detener la explotación que sufren los artistas europeos, cuyos contenidos aportan montañas de dinero a las grandes tecnológicas”.

La polémica sigue en los filtros para controlar contenidos y las restricciones a los usuarios

Lo aprobado hoy queda pendiente ahora del cuerpo que tome en la nueva Directiva, que será negociado entre los Estados para llegar a una posición común.

En la práctica, quedaría prohibido que se puedan compartir enlaces de noticias en las redes sociales, una práctica extendida ahora. De igual modo, los editores tendrían el derecho de autorizar o prohibir la difusión de sus contenidos a los portales agregadores de noticias, o exigir, incluso, el pago de un canon a cambio de hacerlo.

Sirva el ejemplo de lo que ocurrió en España con Google News, tras la presión del grupo Prisa: dejó de funcionar mientras el servicio sigue en otros países como Alemania, donde el grupo AxelSpringer reclama ahora lo mismo.

Respecto a los filtros, se ve más claro en el caso de YouTube y plataformas similares de vídeo (Vimeo o Instagram, por ejemplo), que se convertirían en los responsables de los contenidos que comparten los usuarios.

Léase: estarían obligados a verificar el copyright y, en consecuencia, el visto bueno de los autores para su publicación. Ese control, en estos momentos, es a posteriori, en ocasiones tras una denuncia; con la nueva legislación, sería a priori.

La última palabra la tendrán los Estados, que deberán pactar una posición común

Tras el resultado de las votaciones, la reforma sigue adelante, en suma, pero no acaba con el debate. Los detractores siguen en sus trece: la reforma supondrá un hachazo a la libertad de expresión que hasta ahora brindaba Internet porque abre la vía a la censura preventiva.

Los creadores, mientras, teóricamente, gozarán de un reconocimiento en la difusión de sus obras que no tenían hasta ahora. Las tecnológicas, en cambio, tendrían que pagar por algo que hasta ahora les salía gratis.

Toca resolver esa ecuación ahora al Parlamento, la Comisión y el Consejo europeos para que se convierta en Directiva, según el calendario previsto, en mayo de 2019.