• Advierte a España de que las seis comunidades autónomas que los aplican deben retirarlo y si no abrirá un procedimiento.
  • Considera esa tasa ilegal y lo interpreta como una ayuda pública a los pequeños y medianos.
  • La UE podría obligar a España a recuperar las cantidades, lo que afectaría a los pequeños y medianos comercios.
  • En cuestiones de competencia, la Comisión sigue en su línea y se olvida de la supervivencia de lo pequeño.

El último tendero. Cierra la primera tienda del Grupo Unide en Madrid. Con ese título les contábamos hace dos meses el final de la última tienda de ultramarinos del barrio madrileño de Chamberí. Era una prueba más del difícil momento del pequeño comercio, mermado en gran medida por las grandes superficies. Para limitar en parte ese efecto, algunas comunidades autónomas (Cataluña, Navarra, Asturias, Aragón, La Rioja y Canarias) decidieron aplicar un impuesto a las grandes superficies. La actualidad de ese impuesto llega ahora por vía Bruselas, que lo considera ilegal y lo interpreta como una ayuda pública a los pequeños y medianos. No porque se les pague nada, sino porque no pagan lo que abonan los grandes.

Ahí está el debate y por ahí vienen los nubarrones para el pequeño comercio. Es decir, la cosa de momento queda en una mera advertencia a España, como ha explicado este jueves Ricardo Cardoso, portavoz de Competencia, pero podría ir a más si no hay cambios en el régimen actual. El Ejecutivo comunitario podría lanzar en ese caso una investigación y pedir a España, incluso, que recupere las ayudas recibidas hasta ahora por los beneficiarios. En otras palabras, los propietarios de los pequeños y medianos comercios podrían verse obligados a pagar el impuesto del que hasta ahora están exentos.

La cuestión es la siguiente. El impuesto que pagan las grandes superficies (Carrefour, Eroski, Leclerc, etc…), no las medianas, como Mercadona, se justificó en su día, al plantearlo, como un modo de que las grandes superficies compensaran por su impacto medioambiental y de planificación urbana. No estamos hablando de un pequeño impuesto, es cierto, pero es preciso aclarar que no afecta a los grandes. Ese impuesto varía, al mismo tiempo, entre las distintas autonomías: entre 2,4 y 17 euros por metro cuadrado.

El impuesto en cuestión no gustó un pelo a Anged, la patronal que agrupa a las grandes empresas de distribución, que lo denunció. Y ahora, Bruselas contesta que sí, que tienen razón, que ningún estudio respalda que las grandes superficies impacten más en el medio ambiente que las pequeñas.

A las comunidades autónomas afectadas no les quedará otro remedio que plegarse a la advertencia de Bruselas. De lo contrario, esa advertencia acabaría en un proceso de investigación formal más contundente para España.

Paralelamente, a nadie se le escapa que el pequeño comercio difícilmente puede sobrevivir en las tendencias comerciales actuales, donde el pez pequeño se come al grande. El problema de competencia, por tanto, se podría plantear exactamente en los mismos términos. El tamaño de lo enorme pone en riesgo la supervivencia de los pequeños. Mírenlo de otro modo: miles de puestos de trabajo y de familias amenazadas.

Como explicaba a Hispanidad 'el último tendero', la razón del cierre era que "no podía competir con los grandes, el margen de beneficios es pequeño y sólo se cubren costes y poco más".

Rafael Esparza

rafael@hispanidad.com