El movimiento #BlackLivesMatter (las vidas negras importan) surgió ante la muerte de George Floyd cuando fue arrestado por la policía, provocando cientos de protestas en varios países contra el racismo y una absurda guerra contra estatuas con mucho desconocimiento de la historia. Sin embargo, este movimiento calla ante los ataques entre afrodescendientes y los abusos policiales en Etiopía, ¿no merecen las mismas protestas que el racismo?

En este país, el segundo más poblado de África, las protestas por el asesinato del cantante y activista Hachalu Hundessu, de la etnia oromo (la mayoritaria), han dejado más de 81 muertos. Según la policía etíope, este asesinato fue un crimen por encargo, y conviene recordar que fue quien puso música a los manifestantes que estuvieron tres años en la calle hasta que provocaron la salida del primer ministro Hailemariam Desalegne en 2018, poniendo fin al mandato de la coalición multiétnica que dominaba la minoría tigray, y aupando a Abiy Ahmed (de la etnia oromo).

Amnistía Internacional acusó a las fuerzas de seguridad de la comisión de ejecuciones extrajudiciales, abusos sexuales, detenciones arbitrarias y destrucción de la propiedad privada 

Este último ha impulsado reformas, como el fin del estado de emergencia, la amnistía a miles de presos políticos, la legalización de partidos opositores y el compromiso de celebrar elecciones. Sin embargo, sigue sin solucionar graves problemas como las divisiones étnicas, que siguen causando tensiones y fuertes olas de violencia, y que han convertido a Etiopía en el segundo país con más nuevos desplazados del mundo.

A esto se suman las continuas rebeliones contra el estado etíope, también las detenciones arbitrarias y los abusos por parte de las fuerzas de seguridad . De hecho, hace poco más de un mes, la ONG Amnistía Internacional acusó a las fuerzas de seguridad de la comisión de ejecuciones extrajudiciales, abusos sexuales, detenciones arbitrarias y destrucción de la propiedad privada contra comunidades de las regiones de Amhara y Oromía, tras haber documentado decenas de casos entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 a pesar de las reformas de Ahmed.