Sr. Director: Es sabido que los norteamericanos son muy sensibles a cualquier ataque a la libertad en general, y más aún a la libertad religiosa. Pero puede sorprender que un diario del prestigio de Wall Street Journal (WSJ), especializado además en información económica, haya prestado atención a un hecho local como es el intento de ciertos partidos políticos españoles de apropiarse de la Mezquita Catedral de Córdoba. Lo que considera la columnista de este periódico es que más allá del conflicto particular, está el derecho de los católicos a la libertad religiosa. En efecto, ¿cómo se puede decir que en un país hay libertad religiosa si las autoridades niegan a una confesión el derecho a la propiedad? Muchas veces la excusa para apropiarse de los templos es regular su uso. Pero entonces la pregunta se traslada a otro punto: ¿cómo pueden pretender los poderes públicos arrogarse el derecho a regular el uso de los templos, o a decirles a las confesiones religiosas cuándo pueden usar sus templos? ¿Quién ha puesto al Estado como árbitro entre las confesiones religiosas? Aún más, ¿quién garantiza que el Estado, si triunfara la pretensión de ciertos políticos de apropiarse de los templos, actuaría con neutralidad? Lo que hace el artículo de WSJ es poner el dedo en la llaga de un problema que azota nuestra sociedad, y es la facilidad con que el Estado pretende decirle a los ciudadanos, lo que deben hacer o creer. En este caso, a decirle a una confesión religiosa qué bienes puede poseer y cuáles no. Xus Madrid