El Pacto de Toledo nace muerto, porque para endurecer las pensiones hace falta consenso político y ese consenso se está poniendo difícil.

La izquierda no acepta ninguna reducción y la derecha no acepta el retraso de la jubilación hasta los 67 años. Además, Cayo Lara, líder de Izquierda Unida, tiene toda la razón: PSOE y PP miran hacia las pensiones privadas como única tabla de salvación, mientras los bancos desean que se desarrolle el negocio de los fondos individuales porque son los únicos que tienen algo que ganar: ensanchar su negocio y sus comisiones.

Habrá que insistir en que ampliar el periodo de cómputo es la medida más injusta que retrasar la edad de jubilación. El principio primero de las pensiones y la reforma laboral es que la gente, y más en tiempos de crisis, no le asusta trabajar más duro si a cambio le ofrecen un salario digno.

La quiebra de los sistemas públicos de pensiones es consecuencia de la mayor esperanza de vida y de la menor natalidad. Lo primero es bueno, aunque acarrea un problema de liquidez, lo segundo es malo en sí mismo. Lo primero, además, anima a subir la edad de jubilación, pues toda Europa está repleta de prejubilados (a veces a los 50 años) en perfectas condiciones físicas y mentales para trabajar (salvo, sí, en determinados oficios). Por contra, el envejecimiento de la población es todo mal sin mezcla de bien alguno.

Con las pensiones ocurre lo mismo que con la reforma laboral: ¿Por qué van a aceptar los trabajadores más flexibilidad laboral a cambio de nada? La flexibilidad laboral, hasta llegar al despido libre, es la única forma de crear empleo pero debe promulgarse a cambio de algo. Con la crisis, los asalariados están dispuestos a trabajar más horas si con ello mantienen su empleo y aumenta la productividad. Ahora bien, esas reformas sólo pueden ejecutarse si se ofrece como contraprestación mejores sueldos, especialmente una subida de los salarios, especialmente de los salarios bajos, porque en España se cobra poco. En definitiva, la ecuación sigue siendo trabajar más y cobrar más.

Con las pensiones ocurre algo similar sólo que hay que ampliar la perspectiva, porque la reforma laboral trabaja en el corto plazo, las pensiones, en el largo, en el relevo generacional.

Es decir, para solucionar el espinoso asunto de las pensiones no existe otro camino que rejuvenecer la población y, para lograrlo, lo único que se puede hacer es fomentar la natalidad, es decir, pagar a la mujer que decide tener hijos un salario social. Es de justicia pero, además, es el único camino posible. O eso, o la quiebra del sistema de pensiones. El salario maternal representa la asignatura pendiente actual de cualquier reforma económica, al menos en la envejecida Europa (no así en Estados Unidos, por ejemplo). Europa es hoy una sociedad moribunda y, una de dos, o fomenta la natalidad o será cadáver.

El Pacto de Toledo, semi-acordado en la mañana del miércoles, no deja de ser otro parche.

Y ojo, el 31 de diciembre se termina el cheque-bebé, la única medida de apoyo a la familia del Gobierno Zapatero. O sea, que caminamos hacia atrás.

Eulogio López

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