Hace cinco años, el volcán Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, entraba en erupción y destruía más de 1600 viviendas, por un valor de 165 millones de euros, y arrasaba barrios enteros, cultivos y proyectos de vida. El 19 de septiembre de 2021 comenzó la erupción del Tajogaite, en la zona de Cumbre Vieja, dentro del municipio de El Paso, y no cesó hasta el 13 de diciembre, tras 85 días y ocho horas de actividad ininterrumpida.

Sánchez repite ahora que él no va a abandonar a los españoles, como no abandonó a los afectados por el volcán de la Palma. Pero el balance después de cinco años es este: 

En 2026, decenas de afectados siguen residiendo en casas prefabricadas y contenedores metálicos concebidos como alojamiento provisional. Para muchas familias, lo que iba a ser un recurso temporal se ha convertido en una forma de vida prolongada en condiciones precarias. «Es humillante», resume Francisco Pulido, presidente de la plataforma Tierra Bonita, quien sostiene que la verdadera reconstrucción está corriendo por cuenta de los propios damnificados. Según afirma, la mayoría de las viviendas levantadas hasta ahora han sido promovidas por iniciativa privada de los afectados y no fruto de promociones públicas de nueva planta.

Por otra parte, de acuerdo con los datos oficiales, entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario se han movilizado unos 340 millones de euros. Sin embargo, quedan pendientes de distribuir más de 250 millones, una cifra que se ha convertido en el principal foco de indignación entre los vecinos perjudicados según avanza El Confidencial Digital.

A ello se suma la crítica a lo que califican de «reconstrucción a la carta». Cuatro años después del desastre, todavía existen 12 kilómetros de perímetro de exclusión en los que residen personas sin contar con certificado de habitabilidad. Además, se denuncian movimientos especulativos en terrenos cubiertos por la lava, con compras de suelo a precios muy bajos que, según la plataforma, favorecerían a determinados intereses inmobiliarios.

Según La Gaceta, el malestar social se intensificó tras la visita, el 12 de febrero, del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres -expresidente de Canarias y natural del archipiélago-, quien no mantuvo reuniones con asociaciones de afectados. Para muchos damnificados, ese gesto simboliza la distancia entre las instituciones y quienes aún sufren las consecuencias directas de la erupción.